El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, se expresó sobre la imputación al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, y dijo que “creemos que se habría violado el marco regulatorio y provocado un perjuicio patrimonial al Estado por cerca de 400 millones de dólares, y a los usuarios y a las usuarias del servicio público, por 168 millones de dólares. Un total de 560 millones aproximadamente”.
“La denuncia es por incumplimiento de los deberes de funcionario y negociaciones incompatibles con la función pública” recordó Bernal en diálogo con Radio Provincia.
Con respecto al precio de las tarifas, el funcionario explicó que “en 2018, el precio del gas tendría que haber surgido de una negociación entre las empresas. Era muy buen momento para que eso ocurriera porque la producción se recuperaba y además la demanda empezaba a estancarse, por lo que íbamos a un camino de sobre oferta y baja de precios. Para el propio Javier Iguacel, quien reemplazó al ministro Aranguren, el precio del gas no convencional en la Argentina -a mediados de 2018- tenía que ser de 3,5 dólares y era suficiente negocio para las productoras. Basta contrastar esto y hacer un careo entre Iguacel y Aranguren para darnos cuenta que algo no estaba funcionando muy bien”.
“Al frente del Ente, mi función es revisar y auditar lo que se hizo, y cuando aparecen posibles delitos, mi obligación como funcionario público es denunciarlos”, agregó.
Por otra parte señaló que hasta fines de 2017 el Poder Ejecutivo era quien fijaba los precios y que, sobre este punto el Ejecutivo “sigue fijando los precios del gas a partir de 2018, cuando no le correspondía. Creemos que esa decisión obedece a asegurarle una estabilidad y ganancias en dólares. Ahí estuvo el delito”, subrayó Bernal.
Cabe recordar que ayer el fiscal federal Guillermo Marijuán imputó a Juan José Aranguren a raíz de la denuncia de Bernal, que denunció que el exministro macrista provocó perjuicio a usuarios y al Estado por 561 millones de dólares.
La denuncia presentada por Bernal apunta a la fijación de precios en dólares a las tarifas del gas en el mercado interno. Según el interventor del Enargas, el acuerdo provocó “un perjuicio millonario a las arcas del Estado y al bolsillo de los usuarios, y un beneficio indebido para las empresas productoras”.
Además de Aranguren, también fueron imputados Pourteau, Roitman y a los exdirectores del Enargas al tiempo que ordenó una serie de medidas de prueba, incluyendo un oficio al Enargas para que remita en formato digital las resoluciones cuestionadas y un “detalle de todas las resoluciones/actuaciones del ente” sobre el asunto.
