El fiscal Miguel Palazzani presentará por primera vez su libro “El Diario”, en el que analiza el rol de La Nueva Provincia en el terrorismo de Estado en Bahía Blanca, en el Espacio para la Memoria – Ex Prefectura de Ingeniero White.
El libro “El Diario. La Nueva Provincia y el terrorismo de Estado en Bahía Blanca” se presentará por primera vez el viernes 27 de noviembre, a las 19, en el Espacio para la Memoria – Ex Prefectura, en Ingeniero White, Bahía Blanca. La obra fue publicada por Editorial Pixel.
Su autor es Miguel Ángel Palazzani, fiscal general de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos de Bahía Blanca. Según explicó, el libro es “esencialmente testimonial“. Reúne en un solo lugar documentos, editoriales, actas, informes de inteligencia y testimonios judiciales que de otro modo quedarían “en el olvido de los expedientes”.
En su contratapa, Diego Martínez destaca que el fiscal “argumenta que el diario hizo un aporte esencial al exterminio, no como colaborador sino como pieza orgánica de la maquinaria criminal” y apunta que “en la senda del fiscal Hugo Cañón, Miguel Palazzani no se resigna a la impunidad, que el carromato judicial está a tiempo de revertir”.
El texto parte de una pregunta: ¿se pueden cometer delitos con tinta sobre papel? Palazzani responde que sí. Como caso paradigmático toma al diario La Nueva Provincia y a la familia que lo dirigió durante la dictadura: Diana Julio de Massot y sus hijos Federico y Vicente.
La hipótesis que la fiscalía llevó a los tribunales en 2014, cuando Vicente Massot fue indagado, era inédita en la jurisprudencia argentina. Planteaba que el grupo de medios hizo un aporte esencial al plan de exterminio mediante acción psicológica. La tesis del libro, según su autor, cabe en una frase: “Las palabras no son neutrales. Hay tinta que mata. Tinta envenenada“.
La presentación tendrá lugar en el Espacio para la Memoria – Ex Prefectura, ubicado en Guillermo Torres 4194. Se trata del primer espacio de Memoria del sur bonaerense y desde su inauguración en marzo de 2026 se dedica a la promoción de la memoria sobre los hechos ocurridos durante la última dictadura.
Con el objetivo de reafirmar el compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos, el sitio viene impulsando numerosas iniciativas, que incluyen proyecciones de documentales, muestras fotográficas, charlas, investigaciones y presentaciones musicales, entre otras actividades de entrada libre y gratuita.
¿Se pueden cometer delitos con tinta sobre papel?
El libro se abre con un editorial del 6 de abril de 1981, publicado cinco años después del golpe y con treinta mil desapariciones ya consumadas. Allí el diario preguntaba:
“¿Cuántas ‘baladas del desaparecido’ se entonarán en la próxima década? ¿Cuántos rocks lentos que aludan a secuestros en la madrugada? ¿Cuántos libros titulados ‘Hablan las madres’ o ‘Hablan los hijos’ no proclamarán el genocidio y solicitarán un Núremberg?”.
Palazzani interpreta el texto como una confesión anticipada. En su lectura, el diario imaginaba las canciones, los libros y el tribunal que todavía no existían para ridiculizarlos antes de que llegaran. “Lo que el diario teme no es que el genocidio haya ocurrido, sino que se proclame“, escribe. Y agrega:
“Las baladas se cantaron. Los libros se escribieron. Las madres hablaron. El Núremberg, en su forma argentina, llegó. Este libro es uno más de los que el diario se anticipó a despreciar”.
El capítulo central reconstruye el caso de dos trabajadores del propio diario: Enrique Heinrich, maquinista, y Miguel Ángel Loyola, estereotipista. Ambos eran delegados gremiales del taller de Sarmiento 54 y encabezaron en 1975 el reclamo por el régimen de descanso conocido como el 4×1.
El diario calificó esa huelga de “subversión laboral“. En el editorial “Hoy como ayer”, del 1 de septiembre de 1975, habló del “‘soviet’ que aún usufructúa y aprovecha dentro de nuestra propia casa”. Según el libro, Federico Massot ya había individualizado a ambos por carta ante el Ministerio de Trabajo.
Diana Julio otorgó a su hijo Vicente un poder especial para manejar el conflicto y contrató escribanos que documentaron, acta por acta y con hora, las reuniones de Vicente Massot con Heinrich y Loyola, muchas de ellas de madrugada. Esas actas aparecen mencionadas después en un informe de inteligencia de la Prefectura.
Loyola fue secuestrado en su casa la noche del 30 de junio de 1976 y Heinrich en la madrugada del 1 de julio. El 4 de julio los cuerpos aparecieron acribillados en La Cueva de los Leones. Cristina Taylor, viuda de Loyola y embarazada ese año, declaró que el cuerpo tenía quemaduras de cigarrillo en los pies y marcas de picana.
Otro testimonio es el del teniente coronel retirado Mauricio Gutiérrez, quien relató bajo juramento lo que le había confiado el general Vilas. Según ese relato, la directora, porque “estos obreros gráficos le habían parado el diario”, le dijo al general Azpitarte: “Osvaldo, no vamos a tener otro remedio que chuparlos por izquierda“. Vilma Denk, viuda de Heinrich, lo resumió en el juicio de 2015: “Si pudieran ahorcarlo, lo hacían”.
El libro es cuidadoso en este punto. La fiscalía valoró esos elementos como indicios de una actuación coordinada entre la empresa y el aparato represivo, pero ninguna sentencia estableció la responsabilidad penal de los Massot. La causa terminó en una falta de mérito en 2015, confirmada por la Cámara Federal en 2016.
Titulares, cifras y la libertad de expresión
Palazzani llama “la microfísica del crimen” a la comparación, caso por caso, entre lo ocurrido y lo que el diario publicó al día siguiente. Mónica Morán fue secuestrada en el teatro La Ranchería, torturada en La Escuelita y fusilada. La Nueva Provincia tituló “Cinco extremistas fueron abatidos en Bahía Blanca”.
Años después, el general Vilas declaró que el operativo había sido “una acción de carácter psicológico”: los otros muertos no existían, eran soldados retirados en camilla para engañar a los vecinos.
Daniel Bombara murió bajo tortura y fue enterrado como NN en Merlo. El diario informó: “Robaron ayer el cadáver de un extremista”. Sus restos se hallaron más de treinta años después. La foto del fusilado Daniel Hidalgo se publicó con bigotes pintados a mano para presentarlo como un delincuente abatido.
En septiembre de 1976, la serie “Radiografía de la subversión” nombró como “abatidos” en enfrentamientos a Pablo Fornasari y José Luis Peralta, quienes habían sido sacados con vida del centro clandestino y fusilados indefensos.
Durante meses, más de cuatrocientas veces, el diario publicó además un recuadro con el teléfono del V Cuerpo de Ejército, el 31627, bajo la consigna “Este número contribuirá al bienestar de su familia“.
Las cifras que presenta el libro son elocuentes. Entre 1976 y 1977, 237 ediciones trataron en sus páginas centrales la “lucha contra la subversión”, y 177 de ellas usaron verbos como eliminar, aniquilar, extirpar, limpiar o matar.
Un informe de la Oficina de Investigación Económica del Ministerio Público Fiscal muestra que la empresa ganó dinero todos los años de la dictadura. Sus utilidades aumentaron un 216% en el primer ejercicio bajo el régimen, y en 1979/80 fueron casi catorce veces las del año de la huelga de los gráficos.
La obra recuerda también que la propia Cámara Federal que confirmó la falta de mérito tuvo por probado que “en la jurisdicción se realizó acción psicológica sobre la población”.
Según el tribunal, La Nueva Provincia fue “ineludible en esta ciudad y alrededores” y su línea editorial “alentaba y proclamaba la necesidad de aniquilar la subversión”. Para Palazzani, lo que la justicia discutió no fue lo que el diario hizo sino lo que sabía. Ahí ubica la discusión que el libro quiere mantener abierta.
El libro aborda además la objeción obvia: ¿no es todo esto libertad de expresión? El autor reconoce que esa libertad, protegida por el artículo 14 de la Constitución, por la Convención Americana y por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, “es la regla; la limitación, la excepción; la criminalización, la excepción de la excepción”. También sostiene que “el que quiere prohibir tiene que probar, no el que habla”.
Aclara, sin embargo, que esa protección nunca fue absoluta. La Convención Americana manda prohibir “toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio” que constituya incitación a la violencia. La ley antidiscriminatoria argentina castiga a quienes “por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio” contra un grupo de personas por sus ideas políticas.
Hay discurso de odio, escribe, cuando una expresión “desconoce como igual” al destinatario y “lo anula o elimina del debate público o alienta a hacerlo”. Para el autor, la deshumanización del “delincuente subversivo” fue exactamente eso.
Para trazar la frontera entre la opinión áspera y la instigación, Palazzani aplica al corpus editorial el test de Rabat, una prueba de seis condiciones acumulativas elaborada por Naciones Unidas en 2012. Evalúa el contexto, la posición del orador, la intención, el contenido, la extensión del discurso y la probabilidad de que produzca violencia.
Según el autor, un diario monopólico, con vínculos documentados con la cúpula militar, que durante años pidió aniquilar y exterminar a un grupo definido por sus ideas mientras ese grupo era secuestrado y fusilado en su zona de influencia, cumple las seis.
El propio Palazzani aclara que el test califica el discurso y no reemplaza la prueba de la responsabilidad penal de cada directivo. Su conclusión es que La Nueva Provincia “no fue, durante el período investigado, un diario sesgado ni un colaborador ideológico del régimen. Fue una pieza del aparato”.
