La Justicia bonaerense frenó por 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad en la provincia, luego que se presentara un habeas corpus advirtiendo que el Gobierno de Javier Milei no estableció el financiamiento necesario para garantizar condiciones mínimas para su implementación.
La Justicia de la provincia de Buenos Aires suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por el gobierno de Javier Milei, apenas dos días después de que la norma entrara en vigencia.
La decisión judicial se fundamentó en la falta de infraestructura, personal y recursos materiales necesarios para incorporar a un número mayor de adolescentes al sistema penal, y es que la normativa impulsada por el oficialismo no implicó la entrega de fondos adicionales a las provincias para afrontar esa implementación.
La provincia no aplicará el Régimen Penal Juvenil
La medida fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad.
La Ley 27.801, aprobada en febrero por el Congreso, había entrado en vigencia dos días antes del fallo e incorporó al sistema penal a los adolescentes de 14 y 15 años, además de modificar las condiciones para la aplicación de las penas, llevando la prisión máxima a 15 años.
La organización que presentó el recurso había solicitado que la entrada en vigencia de la ley se postergara hasta contar con condiciones mínimas compatibles con los derechos de los adolescentes.
Según los cálculos que aportó esa presentación, entre 2022 y 2025 hubo un promedio anual de 3.258 adolescentes de entre 14 y 17 años cuyos procesos terminaron en sobreseimiento por razones vinculadas a la inimputabilidad. Frente a esa cifra, los dispositivos provinciales de restricción y privación de libertad tienen capacidad para alojar a menos de 700 jóvenes.
La suspensión no equivale a una declaración de inconstitucionalidad: Pascual dejó para una instancia posterior el análisis sobre las eventuales contradicciones de la ley con la Constitución y los tratados internacionales de protección de la infancia.
Como parte de la resolución, convocó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10 horas, a la que deberán presentarse funcionarios del Poder Ejecutivo, incluídos representantes del Ministerio de Seguridad, el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La jueza remarca que no están las condiciones
Pascual indicó que la Provincia ya había invertido en los últimos para realizar mejoras edilicias y en el acceso a alimentación y agua potable, pero arrastra dificultades para garantizar condiciones adecuadas de alojamiento desde antes de la ampliación del universo de adolescentes punibles.
Como antecedente, citó su propia intervención en el Centro Socioeducativo de Privación de la Libertad de Lomas de Zamora, donde había dispuesto limitar a 60 el número de jóvenes alojados por no cumplirse los estándares mínimos.
La resolución plantea el interrogante que guía la decisión: “¿Puede el Estado ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables?”.
Sobre el carácter preventivo de la medida, la jueza argumentó: “El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir, cuando cuenta con elementos de juicio que hacen presumir razonablemente que ello sucederá”.
Uno de los pasajes más difundidos del fallo cuestiona la relación entre encierro y seguridad: “Hacinar menores, tarde o temprano incrementa los niveles de inseguridad y violencia“.
En esa misma línea, la jueza agregó: “Aunque intuitivamente parezca que nada mejora más la pacificación social que la severidad del castigo, las condiciones de encierro determinan los niveles de violencia con los que egresarán esas personas en desarrollo”.
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Lo que muestran los números y la reacción política
Las estadísticas oficiales que cita el fallo relativizan buena parte del discurso con el que se impulsó la reforma: en 2025, las causas del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil representaron apenas el 2,2% de las investigaciones penales iniciadas en la provincia de Buenos Aires.
Incluso en homicidios dolosos consumados, la participación de ese fuero llegó al 10,2%, aunque en más de la mitad de esos casos también había mayores de edad involucrados.
El habeas corpus, además, remarcó que la ley no vino acompañada de una partida específica de fondos nacionales para su implementación: “Sin que se haya girado un solo peso con ese fin“, señaló la presentación.
Pese a que la suspensión fue dispuesta por un tribunal bonaerense y no por una decisión del gobierno de Axel Kicillof, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich responsabilizó directamente al gobernador.
“En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, afirmó, intentando desviar la atención tras el fallo.
También apuntó contra el fuero judicial: “Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias”. Y cerró: “Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”.
El intento de la Ministra por convertir el fallo en un discurso de campaña ignoró que la principal responsabilidad es la del Estado Nacional, que -según indicó la jueza- no realizó ninguna inversión para garantizar que la normativa se cumpla.
El gobierno bonaerense, por su parte, había cuestionado con anterioridad que el debate se concentrara solo en la edad de punibilidad. El ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, sostuvo que bajar la edad por sí sola no modifica las condiciones que llevan a un adolescente a cometer un delito.
Además, la administración de Kicillof contrapuso el programa Entramados, que articula distintas áreas del Estado para intervenir tempranamente sobre adolescentes en riesgo.
