El gobierno de Javier Milei le otorgó los beneficios del RIGI a una empresa que está sancionada por operar en las Islas Malvinas y, pese a que el libertario ahora posa de malvinista, ni siquiera figura entre las compañías que el gobierno dice que sancionará.
Antes de que Javier Milei comenzara a posar de “malvinista” en la cadena nacional del 3 de septiembre, su propio gobierno ya había beneficiado con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a una empresa que, años atrás, había sido sancionada por el Estado argentino por operar sin autorización en las Islas Malvinas.
La compañía en cuestión es Harbour Energy, que hasta 2021 se llamaba Premier Oil PLC. Se trata de la misma persona jurídica, inscripta en el registro británico de empresas bajo el mismo número (SC234781), que en 2013 fue inhabilitada por el Estado argentino mediante una resolución basada en la Ley 26.659.
Esa sanción, vigente hasta 2028, se originó en actividades de exploración hidrocarburífera que la empresa habría realizado sin autorización en la plataforma continental argentina, en cercanías de las Islas Malvinas.
El 31 de marzo de 2021, Premier Oil cambió su nombre a Harbour Energy, aunque la estructura societaria y el número de registro se mantuvieron sin variaciones. La compañía es hoy titular del 15% de las acciones de Southern Energy, un proyecto de producción y exportación de gas natural licuado desde Río Negro, en el que YPF participa con el 25% del paquete accionario.
El 5 de mayo de 2025, el ministro de Economía, Luis Caputo, firmó la Resolución 559/2025, que incorporó a Southern Energy al RIGI, el régimen que ofrece beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios a grandes proyectos de inversión en el país.
De este modo, una empresa con una inhabilitación firme por su vínculo con actividades no autorizadas en la zona de Malvinas quedó integrada, a través de su participación accionaria, a un proyecto beneficiado por ese régimen especial.
El proyecto de Southern Energy contempla, además, un esquema logístico que incluye la llegada mensual de buques para trasladar unos 3.500 tubos destinados a la instalación de cañerías en el sur del país.
Milei usa a Malvinas de excusa para acelerar la construcción de la base estadounidense en TDF
¿A qué empresas quiere sancionar el gobierno?
El 3 de septiembre, Milei anunció en cadena nacional un endurecimiento de las medidas contra las actividades hidrocarburíferas no autorizadas en los espacios marítimos de Malvinas, vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, y adelantó una reforma legislativa para reforzar el régimen sancionatorio (que ya existe desde 2011).
Al día siguiente, el canciller Pablo Quirno planteó que las empresas deberán optar entre participar de esas actividades o hacer negocios en la Argentina, y mencionó como posibles blancos a “proveedoras de servicios petroleros, financieros, seguros, etcétera”.
Ese mismo viernes, la cuenta de la Oficina del Presidente informó que la Cancillería había dispuesto el “inicio de los procedimientos sancionatorios de 45 sujetos, tanto personas humanas como personas jurídicas, para investigar y sancionar la violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659″.
El comunicado agregó que “recientemente la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales”. Hasta el momento, el gobierno había ignorado la situación de las islas pese a que el proyecto Sea Liano lleva varios meses de desarrollo.
Más allá de eso, en esa lista de 45 sancionados no figuran empresas que mantienen vínculos comerciales activos en la Argentina y que, según documentación corporativa, informes técnicos y presentaciones bursátiles, también están conectadas con el entramado de Sea Lion.
Es el caso de Bluewater Energy Services, la empresa holandesa dueña del Aoka Mizu (el buque que operará en las primeras etapas de extracción de Sea Lion) y que además provee servicios para el proyecto Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), donde YPF es uno de los socios.
Según una respuesta del consorcio VMOS publicada en Infobae, la contratación de Bluewater, firmada el 12 de junio de 2025, cumplió con los controles y la normativa vigente, dado que en ese momento la empresa “no mantenía relación alguna con empresas vinculadas al proyecto Sea Lion“.
También se menciona al estudio jurídico Bracewell, que asesora a Navitas en Sea Lion y que en las últimas semanas negoció el ingreso de uno de sus clientes a Vaca Muerta, además de haber representado a la petrolera italiana Eni en un acuerdo con YPF por participaciones en tres bloques de esa formación.
Y a la consultora de ingeniería Hatch, que elaboró un estudio de impacto social para Navitas en 2025 y que en 2026 firmó un acuerdo de servicios con la minera NOA Lithium para un proyecto en Salta.
La lista de 45 sancionados incluye, en cambio, a gestoras de fondos y administradoras de pensiones (como Harel, Migdal, Phoenix y Meitav, vinculadas a ahorros de jubilados israelíes, o Vanguard, Dimensional y First Eagle, accionistas de la contratista Noble Corporation), actores sobre los que el Estado argentino no tiene capacidad de aplicar sanciones directas por no operar en el país.
