Las acusaciones de racismo contra Argentina son una buena oportunidad para poner en perspectiva la situación del país con respecto a las políticas de igualdad, no solo para destacar sus logros, sino también para recordar que las decisiones del Gobierno también impactan en su imagen internacional.
Terminó el Mundial 2026, pero Argentina sigue en la boca del mundo. Lo que comenzó como reclamos deportivos derivó en acusaciones más profundas: que Argentina es un país racista, que exterminó a su población negra, que recibió nazis.
A la campaña se sumaron varios streamers, actores, cantantes y hasta políticos, con el foco de las acusaciones proviniendo -paradójicamente- de Estados Unidos. Sin ir más lejos, Samuel L. Jackson calificó al país como “uno de los más racistas del mundo”, mientras que la congresista demócrata estadounidense Jasmine Crockett llevó el tema incluso al Congreso norteamericano.
Sin embargo, la situación trascendió las redes sociales y creó un caldo de cultivo que indirectamente legitimó varias agresiones a argentinos en el extranjero: ataques en el metro de madrid, amenazas en las calles de España y denuncias de discriminación en otros puntos del mundo.
Lo insólito de las acusaciones es lo que más llama la atención, aunque no debería una obturar una discusión que sí es válida. ¿Hay racismo en Argentina? Sí. Pero ¿Se puede decir que Argentina es particularmente racista? La respuesta es que, comparado con el resto del mundo, el país está relativamente bien posicionado en materia de igualdad.
Uno de los factores centrales de esto es que el factor raza nunca fue un eje central en torno al cual se construyera la legislación. De hecho, Argentina abolió la esclavitud en 1853, doce años antes que Estados Unidos.
Ya en 1813 había decretado la libertad de vientres (que implicaba que los hijos de esclavos eran declarados libres). Declaró la gratuidad y acceso libre a la educación y la salud sin hacer distinciones raciales. No tuvo un Estado que segregara por etnia o prohibiera acceso a servicios según el color de piel. No gestó movimientos de supremacismo blanco relevantes.
Sin embargo, esto no debería servir como escudo para evadir un debate necesario. Argentina es un país donde el racismo existe (existe en sus imaginarios, en sus prácticas cotidianas, en sus omisiones). La diferencia es que no fue nunca parte de una arquitectura estatal, como sí ocurrió en Estados Unidos o Sudáfrica.
Tampoco se puede omitir hablar de la imagen internacional que construyó el gobierno de Javier Milei, que recibió las acusaciones casi como un desafío: en lugar de usarlas como ocasión para destacar las políticas de igualdad del país, decidió redoblar la apuesta.
Frente a acusaciones de racismo y xenofobia, la respuesta de La Libertad Avanza fue reflotar proyectos que arancelan la salud para extranjeros, presentados ahora casi como un mecanismo de castigo contra quienes no sean argentinos. Es decir: responder con más racismo y xenofobia. Pero esto es solo la punta del iceberg.
Milei ya había disuelto el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), hizo a Argentina votar en la ONU en contra de considerar el tráfico transatlántico de personas como uno de los peores delitos de lesa humanidad, y el propio libertario utilizó Davos para criticar el multiculturalismo y la migración, ejes precisamente del racismo moderno.
Las acusaciones de racismo son una oportunidad para destacar el lugar del país en torno a la lucha por la igualdad, pero también un recuerdo de que las decisiones del Estado Nacional también pueden destruir esta imagen ante el mundo.
Mientras Argentina discute, Sturzenegger desregula
Lo cierto es que mientras la campaña anti-Argentina se apodera de la conversación pública, el gobierno avanza con un anteproyecto para profundizar el ajuste. Federico Sturzenegger envió al Congreso un proyecto de 144 páginas llamado sencillamente “Ley de Desregulación”.
La táctica es abrumar con volumen para que solo algunos artículos sean discutidos. Sin embargo, lo interesante es que los sectores supuestamente beneficiados por la desregulación salieron inmediatamente a rechazarla.
Las cuatro entidades de la Mesa de Enlace (Sociedad Rural, Federación Agraria, CONINAGRO, Confederaciones Rurales Argentinas) junto con las principales cámaras frigoríficas advirtieron que eliminar los aportes obligatorios al IPCVA (Instituto de Promoción de la Carne Vacuna) provocaría su desfinanciamiento y el colapso de la promoción internacional de la carne argentina.
Similar situación con COVIAR (Corporación Vitivinícola Argentina): el anteproyecto propone su disolución y modifica la Ley de Vinos para permitir mezclar vinos importados con producción nacional sin identificarlos como tales.
Fabián Ruggeri, presidente de COVIAR, lo dejó claro: “Todos los stocks que haya en el mundo van a venir a parar acá. No vamos a poder regular nunca más el mercado”.
En lo cultural, la derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera alarma a editoriales y librerías independientes. La ley establece que todos deben fijar un precio uniforme al público, evitando que grandes cadenas de supermercados vendan libros a pérdida como anzuelo. Sin ella, advierte la Cámara Argentina del Libro, la concentración mercantil sofocará a las pequeñas editoriales.
Y luego están las farmacias. El anteproyecto deroga la ley de 1967 para permitir la venta de medicamentos en cualquier comercio, incluidos kioscos, con entrega a domicilio. Alejandro Bobbio, presidente de la Cámara Argentina de Farmacias, lo formuló así: “No es lo mismo vender una tira LED que un medicamento”. Hay trazabilidad en juego, controles desde el laboratorio hasta el consumidor.
La pregunta entonces es evidente: ¿a quién benefician realmente estas desregulaciones? Sturzenegger no toca a los grandes laboratorios, que son quienes fijan precios, y vender medicamentos en kioscos no genera competencia ni baja costos, como indicó Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos.
La lógica es consistente: en nombre del libre mercado, se destruyen los mecanismos que impedían la concentración. Las excusas son siempre las mismas (eficiencia, competencia, precios más bajos). El resultado es siempre el mismo: desaparición de actores medianos y pequeños, monopolización.
