Luis Caputo cerró el primer semestre con malas noticias: El Sector Público Nacional entró en déficit por tercera vez desde la asunción de Javier Milei y el resultado fiscal quedó por debajo de lo acordado con el FMI para el semestre, en medio del aumento de gastos y caída de la recaudación.
El ministro de Economía, Luis Caputo, cerró el primer semestre del año con un combo de malas noticias para las cuentas públicas. En junio, el Sector Público Nacional registró déficit, y aunque el resultado acumulado de los primeros seis meses del año se mantuvo en terreno positivo, quedó por debajo de la meta comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La meta con el FMI, incumplida
Tras conocerse el resultado fiscal de junio, los analistas privados coincidieron en que el superávit acumulado hasta el sexto mes del año no alcanzó el nivel comprometido por el Gobierno ante el FMI.
Según el informe de Max Capital, el superávit primario bajo la metodología del organismo llegó a $6,3 billones, cuando la meta para esa fecha era de $6,861 billones. Desde Grupo SBS situaron el desvío, sin contar ingresos extraordinarios, en unos $573.970 millones, aunque indicaron que no esperan que esto genere complicaciones en la próxima revisión.
Esa revisión está prevista para fines de julio y se realizará sobre la base de los datos del primer semestre. Su aprobación es clave porque destrabaría un desembolso de más de US$680 millones.
En ese marco, el 27 de julio llegará a Buenos Aires la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Aunque no participa de las negociaciones técnicas de cada revisión, se espera que el Gobierno le adelante el incumplimiento y le solicite un waiver que permita sortear el desvío sin afectar el desembolso.
En la última revisión del acuerdo, el FMI ya había flexibilizado el objetivo anual: el superávit primario comprometido para 2026 bajó de 2,2% a 1,4% del PBI. Para Max Capital, esa meta anual todavía es alcanzable, pero solo si la segunda mitad del año muestra un desempeño fiscal mejor al proyectado.
Sin embargo, la consultora LCG advirtió que el deterioro sostenido de la recaudación, producto del rezago en el nivel de actividad, es el principal obstáculo que deberá sortear el equipo económico. Según LCG, la caída persistente de los ingresos “impone un desafío mayor para cumplir con el compromiso en tanto exige un mayor ajuste sobre el gasto”.
Los analistas de esa consultora también señalaron que, más allá de la voluntad oficial de cumplir la meta, la magnitud y la tolerancia social del ajuste necesario podrían derivar en un costo político para el Gobierno. En ese contexto, remarcaron que el Ministerio de Economía tomó decisiones que reflejan la preocupación oficial por el impacto del ajuste:
- Redujo las retenciones solo para trigo y cebada, mientras posterga hasta 2027 la baja de derechos de exportación sobre la soja
- Aplazó hasta noviembre la puesta en marcha de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL)
- Recurrió a un dibujo contable para reconocer una deuda con la Ciudad de Buenos Aires.
Un junio con números en rojo
Más allá de esto, lo cierto es que las cuentas públicas de junio arrojaron un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1.024.891 millones, según informó el Ministerio de Economía.
Se trata del tercer mes con resultado negativo desde el inicio de la gestión de Javier Milei, después de los registrados en diciembre de 2024 y diciembre de 2025, aunque esta vez con una particularidad: a diferencia de esos antecedentes, los junios anteriores habían cerrado con superávit pese a la estacionalidad del gasto.
De acuerdo con los datos oficiales, los ingresos totales sumaron $14,16 billones, mientras que el gasto primario llegó a $14,85 billones. A ese resultado negativo se sumó el pago de intereses de deuda por $328.049 millones, lo que llevó el desequilibrio financiero a superar el billón de pesos.
Desde el Palacio de Hacienda explicaron que el resultado respondió a una combinación de menores ingresos, por la postergación del vencimiento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas, y mayores gastos, por el pago de aguinaldos a jubilados, pensionados y empleados públicos.
El ministro relativizó el dato negativo y lo presentó como parte del funcionamiento ordenado de las cuentas públicas, pese a que junios anteriores no habían registrado esta situación. En su cuenta de X, sostuvo:
“El orden en las cuentas públicas es un pilar fundamental del programa económico, que se alcanzó a través de una fuerte reducción en el gasto público y ha permitido una baja de impuestos nacionales acumulada desde 2024 equivalente a casi 3% del PIB”.
El economista Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), aportó un matiz al remarcar que “el gasto real en salarios de la administración pública cayó un 10,0% interanual, que se debe a la postergación en el pago del aguinaldo de mitad de año”.
“Al igual que ocurrió el año pasado, el gobierno no pagó en junio ni los salarios ni el medio aguinaldo correspondientes a las universidades nacionales”, apuntó. De haberse afrontado ese pago, el déficit hubiera sido mayor.
Paradójicamente, el informe oficial también mostró un fuerte incremento en los subsidios: los destinados a energía se triplicaron interanualmente, al pasar de $237.000 millones a $714.381 millones, mientras que los de transporte se duplicaron, de $169.000 millones a $348.916 millones.
En paralelo, las transferencias a universidades nacionales treparon a $50.075 millones, un aumento nominal del 31,6%. Vale mencionar que, descontada la inflación, representó en realidad una caída real superior al 1%.
Respecto de los ingresos, el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) detalló que la recaudación total tuvo una caída real interanual del 8,5%, explicada por una baja del 8,8% en los ingresos tributarios y del 2,9% en los no tributarios.
En tanto, el gasto primario subió 3,1% en términos reales. Según el IARAF, el superávit primario de junio de 2025, que a precios constantes de este año equivalía a $1.055.739 millones, se transformó en el déficit primario de $696.843 millones registrado ahora.
De cara a los próximos meses, tanto desde el Gobierno como desde el ámbito privado se anticipa que las cuentas públicas volverían a mostrar superávit, en la medida en que se recuperen los ingresos postergados y no se repitan gastos puntuales como el pago de aguinaldos.
No obstante, el desafío no es menor: para cumplir la meta anual del 1,4% del PBI acordada con el FMI, el Gobierno deberá acumular cerca de $10 billones de superávit primario entre julio y diciembre, en un semestre que históricamente aporta una porción menor del resultado fiscal del año.
Un factor adicional que compensó parte del deterioro fue el vencimiento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas, postergado hasta el 27 de julio en el marco de la discusión de la Ley de Inocencia Fiscal.
Ahora, los profesionales del sector piden una nueva prórroga del vencimiento, lo que deja a Caputo ante una disyuntiva: si la concede, los problemas fiscales se extienden a julio; si la niega, muchos contribuyentes quedarían fuera del Régimen Simplificado, con la consecuente pérdida de una fuente de recursos para el fisco.
