El gobierno de Javier Milei oficializó un plan de retiros voluntarios para el personal de la Administración de Parques Nacionales y adelantó que todos los puestos que queden vacantes serán eliminados, poniendo en riesgo la capacidad operativa del organismo.
El gobierno de Javier Milei oficializó este martes un plan de retiros voluntarios para el personal de la Administración de Parques Nacionales, en medio del brutal ajuste que viene llevando adelante en el Estado.
En paralelo, la gestión avanza con despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde el lunes hubo una protesta de trabajadores y se mantiene el incumplimiento de un fallo judicial que ordenó frenar los recortes en ese organismo.
Continúa el ajuste en los Parques Nacionales
La Administración de Parques Nacionales (APN), que depende de la Jefatura de Gabinete, puso en marcha un Sistema de Retiro Voluntario a través de la Resolución 191/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.
La medida está dirigida al personal de planta permanente alcanzado por el régimen de estabilidad previsto en el artículo 8° de la Ley N° 25.164, con una antigüedad mínima de dos años. El punto más sensible de la norma es que los cargos que queden vacantes se eliminan en forma definitiva.
Según el anexo de la resolución, “los puestos y funciones correspondientes al personal que adhiera al presente Sistema de Retiro Voluntario quedarán suprimidos a partir de la fecha de su baja, no pudiendo ser nuevamente cubiertos, bajo ninguna modalidad de contratación o designación”.
El texto no precisa qué ocurrirá con las áreas técnicas, administrativas, de mantenimiento, comunicaciones o gestión territorial cuyos puestos desaparezcan.
La resolución excluye explícitamente al personal del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, aunque sí afecta a equipos técnicos, brigadistas de incendios con estabilidad y personal administrativo vinculado a la logística y la respuesta ante emergencias.
En cuanto a los incentivos económicos, la gratificación equivale al 90% de la remuneración bruta mensual por cada año de antigüedad para los agentes de hasta 60 años, y baja al 85% a partir de los 61.
El pago se realiza en dos tramos: un 35% a los quince días del acto administrativo y el 65% restante en dos cuotas mensuales. El monto no tiene tope hasta los 60 años; entre los 61 y 63 el máximo es de 24 haberes brutos, y desde los 64 baja a 12. Además, rige una prohibición de reingreso al sector público nacional por cinco años.
El plazo de adhesión comienza el primer día hábil del mes siguiente a la publicación de la resolución y se extiende por 30 días. Las solicitudes se tramitan por el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y deben pasar por Recursos Humanos y Asuntos Jurídicos antes de llegar al Directorio de la APN, que tiene la decisión final y discrecional sobre cada caso.
La propia norma habilita rechazos por “razones de servicio, criticidad del área, necesidades operativas y/o su incidencia en el normal funcionamiento del Organismo”, lo que deja planteado el riesgo operativo que podría generar la salida de personal en áreas clave.
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Protesta en el INTI y la amenaza de más despidos
La situación en Parques Nacionales se da en paralelo al conflicto que atraviesa el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde el organismo amenaza con 800 despidos y el cierre de 900 funciones.
El lunes 22 de junio, la Gerencia de Recursos Humanos del instituto dispuso trabajo remoto para todo el personal de la sede central y cerró el acceso al Parque Tecnológico Miguelete durante toda la jornada, en coincidencia con un banderazo convocado bajo la consigna “Para que gane Argentina hay que sacar a Adorni”.
Desde la Asamblea Multisectorial del INTI sostuvieron en un comunicado: “Es evidente que el Gobierno dio la orden de que no se haga ningún reclamo contra Adorni, el funcionario que pone en jaque la continuidad del proyecto de Milei y que tiene sus horas contadas”.
Giselle Santana, integrante de la Asamblea, explicó a Agencia Farco el clima dentro del organismo: “En este contexto de amenaza de 800 despidos, la incertidumbre que nos provoca que de repente nos cierren el organismo y nos impidan entrar a trabajar a todos, absolutamente a todo el personal, no sabemos qué va a pasar el martes”. Sobre el rol del instituto, agregó:
“El INTI nació para promover el desarrollo de la industria nacional, para hacer asistencia técnica, para hacer transferencia tecnológica, sobre todo a las pequeñas y medianas industrias, con el tiempo se convirtió también en el Instituto Nacional de Metrología, nosotros somos los que producimos, diseminamos los patrones nacionales de medida, los únicos que te podemos decir si un metro es un metro o un kilo es un kilo”.
Vale recordar que el 26 de mayo, un fallo a favor de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ordenó a las autoridades del INTI dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cesantías, transferencias o modificaciones de funciones y garantizando la ocupación efectiva de los trabajadores con sus categorías y remuneraciones intactas.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, había celebrado entonces la decisión: “Lo dijimos mil veces, no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional. Este es un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal. Se están debilitando, la tortilla se empezó a dar vuelta y vamos por más. Prepárense”.
Sin embargo, casi un mes después del fallo, desde la Multisectorial señalaron que las autoridades del INTI aún no cumplieron con lo ordenado por la Justicia, un punto que formaba parte de la discusión prevista para la asamblea del lunes.
