El colectivo Ni Una Menos convocó a una nueva movilización contra la violencia de género, atravesada por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba y el proyecto de Carolina Losada para criminalizar las denuncias.
El colectivo Ni Una Menos convocó a una movilización masiva para este miércoles 3 de junio a las 17 frente al Congreso de la Nación, bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos“. En el caso de Bahía Blanca, la convocatoria será a las 17 horas en la Plaza Rivadavia.
La marcha, que ya había sido resuelta en asamblea una semana antes, cobró nueva urgencia tras el femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. El crimen sacudió a la opinión pública y empujó a organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos a sumarse a la convocatoria.
El caso de Agostina concentró buena parte de las críticas. El cuerpo de la joven fue hallado gracias a perros adiestrados, y el fiscal Raúl Garzón, en lugar de dirigirse a la ciudadanía con una reflexión sobre la gravedad del hecho, utilizó la conferencia de prensa para felicitar a los canes por su trabajo.
Desde Ni Una Menos describieron esa actitud como un símbolo de la indiferencia institucional: “Un Poder que además cuando tiene que exponer un fiscal para explicar cómo fue la búsqueda y hallazgo del cuerpo termina usando ese momento, donde podría haberle hablado al pueblo con una pedagogía que explique lo importante que es la vida de una piba, para felicitar a un perro”.
La alerta Sofía, mecanismo nacional que debe activarse ante la desaparición de menores de 18 años, recién se habilitó el miércoles, varios días después de que la madre de Agostina realizara la denuncia. Además, la imputación por femicidio al detenido Claudio Barrelier llegó recién el lunes, tras exigencias sostenidas para que se cambiara la carátula del caso.
Los abuelos de Agostina, Miguel y Elizabeth, confirmaron que asistirán a la marcha del miércoles para pedir justicia por su nieta. También confirmaron su participación la Confederación General del Trabajo (CGT), que se concentrará a las 17 en Yrigoyen y Solís, y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
La socióloga Lucía Cavallero, referente de Ni Una Menos, sintetizó el tono de la convocatoria y apuntó contra la gestión de Javier Milei: “Este gobierno ejerce un antifeminismo de Estado que nos ataca y fomenta la violencia y la crueldad como único vínculo social“.
Además de Agostina, la marcha también reclama justicia por Dulce María Beatriz Candia, otra adolescente de 17 años asesinada en Misiones en circunstancias igualmente conmovedoras.
Once años de lucha, miles de muertes
El 3 de junio de 2015 nació Ni Una Menos como respuesta colectiva a los femicidios y la violencia machista en Argentina. El disparador fue el caso de Chiara Páez, una adolescente de 14 años hallada asesinada en Rufino, Santa Fe.
Aquella primera movilización marcó un antes y un después en el debate público sobre la violencia de género y se convirtió en símbolo de la lucha feminista en el país.
Once años después, el movimiento vuelve a las calles con una coincidencia que no pasa inadvertida: Agostina Vega, también de 14 años, también encontrada por perros adiestrados, en circunstancias que resuenan con fuerza en la memoria de quienes marcharon en 2015.
“La coincidencia etaria entre Agostina y Chiara, la forma en la que se encontraron los cuerpos, la manifestación en la calle conducida por la bronca y sobre todo el dolor tienen una resonancia intacta”, señalaron desde el colectivo.
Las cifras acumuladas en este período son contundentes. Según el Registro Nacional de Femicidios y Transfemicidios del Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, elaborado junto a la Universidad Nacional del Delta, entre junio de 2015 y mayo de 2026 se contabilizaron 3.205 víctimas letales por motivos de género.
Ese número incluye 3.144 femicidios directos y vinculados, 46 transfemicidios y travesticidios, y 15 instigaciones al suicidio. En términos estadísticos, en Argentina se produce un femicidio cada 31 horas.
El informe también destruye el mito del peligro en el espacio público: el 85% de los femicidas pertenecía al entorno íntimo de la víctima (pareja, ex pareja, familiar o conocido) y el 63% de los crímenes ocurrió en la vivienda de la víctima o en el hogar compartido con el agresor.
“El lugar más peligroso para las mujeres es su propio hogar“, concluye el documento, que también advierte que la falta de autonomía económica dificulta que muchas víctimas puedan abandonar situaciones de violencia al no contar con recursos para acceder a otra vivienda.
El sistema judicial tampoco sale bien parado del análisis. Solo el 17% de las víctimas había realizado una denuncia previa y apenas el 10% contaba con medidas de protección judicial. Desde 2020, el informe registró 104 femicidas pertenecientes a fuerzas de seguridad y militares (90 policías y 14 militares), quienes en la mayoría de los casos utilizaron su arma reglamentaria.
Y la violencia se extiende hacia las generaciones siguientes: 2.714 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de femicidios en estos once años. El informe también incorporó nuevas variables de análisis, como femicidios en contextos de narcocriminalidad y el impacto de la violencia digital y el acoso virtual como precursores de violencia letal.
Frente a este panorama, el movimiento feminista y distintos sectores críticos apuntan al desmantelamiento de políticas públicas bajo la gestión de Javier Milei. Se señalan específicamente el cierre del Ministerio de las Mujeres, el desfinanciamiento del Programa Acompañar y el incumplimiento de la Ley Micaela.
La ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, expresó en la conferencia de prensa: “Por primera vez en la Argentina en 40 años no hay un mecanismo nacional que lleve adelante políticas que aborden la violencia por razones de género”.
Desde Ni Una Menos, Cavallero rechazó el intento del gobierno de adjudicarse una supuesta baja en la cantidad de femicidios: “No es verdad que han disminuido los femicidios. Lo que ha pasado es que muchos casos no se están caratulando como femicidios”.
Y agregó que existe “un subregistro” vinculado a que el Gobierno “tiene la idea de que la violencia no tiene género”, algo que quedó en evidencia cuando funcionarios describieron los femicidios como “homicidios de mujeres”.
Para Cavallero, “eso implica una torsión cognitiva sobre el modo de leer esa violencia que desestructura un acumulado político de mucho tiempo”.
Losada y su proyecto para criminalizar las denuncias
La marcha del 3J también tiene como eje el rechazo a un proyecto de ley impulsado por la senadora Carolina Losada, con respaldo del exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.
La iniciativa propone reformar el Código Penal para aumentar las penas por falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento en causas vinculadas a violencia de género, delitos sexuales, y casos que involucren niños, niñas y adolescentes.
Desde Ni Una Menos, la propuesta es leída como parte del mismo patrón político: “Este proyecto, así como el desmantelamiento de la ESI y el resto de las políticas de este Gobierno en contra de las mujeres, forma parte de una pedagogía, de una forma de hacer política que quiere meter presas a las compañeras”.
El dato más citado para cuestionar el proyecto proviene del Relevamiento Federal sobre falsas denuncias del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos. El informe analizó más de 8 millones de investigaciones penales en 17 jurisdicciones durante tres años y concluyó que las falsas denuncias representan apenas el 0,9% del total. El documento es explícito:
“No existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma penal”.
A pesar de la falta de sustento empírico, el proyecto ya tiene dictamen de mayoría en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. Semanas atrás se realizó en el Anexo del Senado un conversatorio titulado “Derecho a la voz: contra la criminalización de quienes denuncian violencia”, donde distintas voces del ámbito jurídico y político analizaron las implicancias de la iniciativa.
La abogada feminista Ileana Arduino, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), fue una de las expositoras con mayor presencia técnica en ese encuentro. Para el movimiento feminista, el proyecto de Losada no puede desvincularse del contexto general.
“Al femicida de Agostina, que sobraban las pruebas para tenerlo detenido, lo tuvieron en cana una semana y lo largaron. Y hoy Agostina no está más porque la Justicia no hizo lo que tenía que hacer”, señalaron desde Ni Una Menos, subrayando la contradicción entre la dureza del proyecto hacia las denunciantes y la laxitud con quienes ejercen la violencia.
Para el colectivo, la propuesta “forma parte de una política que quiere silenciar a las mujeres y garantizarles a los violentos y a los pedófilos el acceso a los cuerpos de las infancias y de las niñas”.
