¿Atlántico Sur o Mar Argentino?: Estados Unidos planta bandera y conoce el poder del lenguaje

El gobierno de Estados Unidos ahora vigila el Mar Argentino, pero prefiere llamarlo “Atlántico Sur”, un término que desdibuja la soberanía del país y que dista de ser inocente: la Casa Blanca sabe que apropiarse de los nombres también es útil para dominar territorios.

Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo de cooperación militar para fortalecer la vigilancia y el patrullaje en el Atlántico Sur durante los próximos cinco años. El convenio, denominado “Programa para la Protección de los Bienes Comunes Globales”, fue suscripto por el almirante Juan Carlos Romay y el contraalmirante estadounidense Carlos Sardiello.

El acuerdo prevé equipamiento avanzado, entrenamiento especializado y apoyo operativo para mejorar las capacidades de detección, seguimiento e interdicción en la zona, apuntando específicamente al combate de la pesca ilegal y otras maniobras ilegales en la Zona Económica Exclusiva argentina.

Lo primero que llama la atención es que el gobierno argentino no realizó ninguna comunicación oficial. Ni el Ministerio de Defensa ni la Armada emitieron comunicado propio. La noticia fue difundida exclusivamente por la Embajada de Estados Unidos en Argentina y el Comando Sur estadounidense. Nos enteramos por el anuncio de Washington.

El posteo del Comando Sur decía: “Estados Unidos y Argentina lanzan el Programa para la Protección de los Bienes Comunes Globales para impulsar la seguridad marítima en el Atlántico Sur”. Pero ya en esa redacción hay decisiones lingüísticas llamativas.

El nombre del programa habla del territorio marítimo argentino como un “bien común global”, despojándolo de especificidad nacional. Y usa “Atlántico Sur” en lugar de “Mar Argentino”, una decisión lingüística aún más curiosa.

Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, fue uno de los que señaló esto. Dijo: “El anuncio ni siquiera fue comunicado oficialmente por el Ministerio de Defensa argentino. El Mar Argentino no es un bien común global. Es un espacio donde la Argentina tiene la obligación de ejercer jurisdicción propia y custodiar sus recursos”. Y agregó:

“En vez de ofrecer nuestro Atlántico Sur como área de entrenamiento y mapeo naval para otras potencias, el gobierno nacional debe cumplir allí sus funciones soberanas”.

Estados Unidos y el poder de nombrar

Para los intereses del acuerdo, claramente se está hablando de la misma región: la parte del Atlántico Sur que está dentro del territorio argentino es justamente el Mar Argentino. El tema es que “Atlántico Sur” abarca un área mucho mayor, que incluye aguas internacionales y llega hasta las costas de África. Es como si dijéramos “América” cuando nos referimos a Argentina.

Hablar de “Atlántico Sur” desdibuja las fronteras territoriales de un área extremadamente sensible a nivel global, no solo por las actividades productivas que allí pueden tener lugar, sino también por la cuestión de la soberanía de las Malvinas e incluso del continente antártico. Pero ¿qué hay detrás de esta elección de palabras?

Este uso del idioma por parte de Estados Unidos no es casual. La Casa Blanca viene usando bastante el término “hemisferio occidental” para referirse a su patio trasero — el resto del continente americano. El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, lo expresó así a principios de año:

“Este es el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos y no vamos a permitir que el hemisferio occidental sea utilizado como base de operaciones por los adversarios, competidores y rivales de nuestra nación, los Estados Unidos”.

Hay también una dimensión cultural. Estados Unidos impulsa la idea de una “cultura latina” que casualmente se produce en el país del norte, mostrando una caracterización homogénea y monolítica de Latinoamérica. Nosotros no nos auto-catalogamos como latinos, decimos que somos de países de Latinoamérica. Pero el lenguaje impuesto tiende a uniformar.

Y es que el lenguaje tiene un lugar central en la construcción de sentido, y esto remite directamente a la idea del “orientalismo”: la construcción de la idea de “Oriente” por parte de Occidente para legitimar el control occidental.

Edward Said y Ziauddin Sardar desarrollaron esta idea: Occidente construye un discurso de poder que define arbitrariamente qué es Oriente, lo alinea a sus intereses políticos y militares, y con esto le niega a los orientales la posibilidad de definirse a sí mismos.

La pérdida de soberanía también se da a nivel cultural cuando se acepta ser definido por el lente que construye esa potencia extranjera — cuando se adoptan sus términos, sus disputas ideológicas, sus batallas culturales.

El impacto se potencia en un mundo donde la información está mediada por la Inteligencia Artificial. Si los documentos que nutren los modelos de lenguaje utilizan términos des-soberanizados y alineados a intereses extranjeros, ¿qué pasará con la propia percepción de la soberanía?

El gobierno de Javier Milei no solo acepta estas definiciones, las interioriza. Mientras Argentina pierde la capacidad de contar su propia historia, el libertario insiste en presentar a Estados Unidos como “el faro de Occidente” y supeditar al país a un lugar marginal en la historia que quiere liderar la potencia del norte.

Modificación del Régimen de Zona Fría

No es la única noticia de esta semana, este miércoles la Cámara de Diputados dio media sanción a las modificaciones del Régimen de Zona Fría impulsadas por La Libertad Avanza. El proyecto tuvo 132 votos a favor y deberá ser aprobado en el Senado.

Como era de esperar, el oficialismo votó en bloque, con el apoyo del PRO, la UCR y gobernadores del Norte, a quienes se les ofrecieron descuentos en tarifas eléctricas como parte de negociaciones de palabra.

El núcleo del proyecto consiste en revertir la ampliación del régimen aprobada en 2021, que había extendido los beneficios tarifarios a localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja, basándose en estudios climatológicos y mediciones de consumo de gas. Bahía Blanca, por ejemplo, usa el doble de gas que el promedio nacional.

Con la reforma, las zonas históricamente beneficiadas (la Patagonia, la Puna y Malargüe) conservarían el subsidio. Pero los distritos que ingresaron en 2021 perderán el beneficio general, que quedará restringido a hogares con ingresos iguales o inferiores a tres canastas básicas totales.

Quienes no cumplan esas condiciones no solo perderán el subsidio: además deberán financiar el programa con un recargo tarifario de hasta el 7,5%. Además, la bonificación se aplicaría exclusivamente sobre el precio del gas, no sobre el total de la factura que incluye transporte y distribución.

Esos componentes pueden representar entre el 40% y el 60% del valor final de la boleta. Entonces, incluso las localidades que retengan el beneficio notarán el ajuste.

Federico Susbielles, intendente de Bahía Blanca, expresó su rechazo en términos duros: “Esta medida, arbitraria e injustificada para una ciudad con temperaturas análogas a la Patagonia norte y el doble de consumo promedio, generaría aumentos de hasta el 50% en las boletas de gas”.

El gobernador Axel Kicillof también se pronunció. Después de expresar su rechazo, señaló que “en todo el planeta hay gobiernos que ante el aumento del combustible tomaron medidas, todos menos Milei, que lo que hizo fue transferirles el costo a los hogares”.

El problema de la política como caridad

Si finalmente se aprueba la medida, solo quienes puedan acreditar su situación de vulnerabilidad podrán continuar recibiendo el beneficio. Esto profundiza una tendencia que ha crecido en los últimos años, la percepción de que la ciudadanía no tiene derecho a recibir beneficios del Estado a menos que esté en situaciones de vulnerabilidad extrema.

Lo interesante aquí no es solo la medida en sí, sino cómo se ha interiorizado socialmente esta percepción de las políticas públicas. Es muy fácil hacer la asociación entre un programa estatal y la caridad, la idea de que lo que el Estado hace con los impuestos es redistribuirlos solo en beneficio de los sectores más vulnerables.

Desde ya, esa es una función esencial del Estado. Pero la redistribución va mucho más allá. También busca distribuir el financiamiento de modo que la mayor cantidad posible de ciudadanos pueda vivir mejor.

Los hospitales públicos no son solo para gente vulnerable, la idea es que todos los podamos aprovechar. Lo mismo ocurre con las universidades públicas. Y sin embargo, cierto sector de la sociedad ha interiorizado que, si uno no está en una situación de extrema vulnerabilidad, no debería tener derecho a estos beneficios.

Esa misma persona que trabaja y paga impuestos para financiar estos programas termina sintiéndose culpable por acceder a ellos. Y aquí está el círculo vicioso: cuando se internaliza que los subsidios son “caridad”, se prioriza la quita de impuestos por sobre la redistribución de recursos, incluso cuando esa quita de impuestos y ese ajuste estatal lo tiene a uno como víctima.

El resultado es que la gente termina votando por su propio ajuste, porque ha sido convencida de que no le corresponde ser beneficiaria del Estado.

Mencionadas en esta nota:

Las últimas noticias

Seguinos en redes

Offtopic: