El Gobierno de Javier Milei volvió a reducir la inversión pública en abril, profundizando el ajuste en programas sociales, universidades y transferencias a las provincias, en un intento por compensar la caída de la recaudación que el propio ajuste provocó.
El gobierno de Javier Milei quedó atrapado en una dinámica que se retroalimenta: el recorte sostenido del gasto público deprime el consumo y la actividad económica, lo que a su vez reduce la recaudación fiscal y lleva al Estado a ajustar aún más si pretende mantener su superávit fiscal.
En abril, el gasto real cayó casi un 6% interanual, profundizando una tendencia que ya lleva varios meses. Como efecto colateral de este proceso de deterioro, Argentina aparece por primera vez en un índice internacional de riesgo humanitario en una categoría que la hace elegible para recibir cooperación externa.
El ajuste y sus consecuencias fiscales
El gasto primario devengado del Estado nacional registró en abril una baja real interanual del 5,7%, una vez descontada la inflación. En el acumulado del primer cuatrimestre de 2026, la reducción acumulada llega al 3,9% en términos reales respecto del mismo período del año anterior.
Los recortes más pronunciados se concentraron en tres áreas. Las transferencias a las provincias cayeron un 53,7%, mientras que los programas sociales retrocedieron un 37,3% y la obra pública bajó un 15,7%, según datos de la consultora Analytica.
Dentro del capítulo social, los recortes incluyeron la Prestación Alimentar (-24,8%), el programa “Acompañamiento Social” y “Volver al Trabajo” (ex Potenciar Trabajo) con una baja del 27,5%, y las Becas Progresar, que cayeron un 44,3%.
No todas las partidas registraron bajas. El gasto en personal creció un 3,1% en términos reales, y las asignaciones familiares junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) subieron un 3,8%, impulsadas principalmente por la AUH, que aumentó un 6,2%. En cambio, las asignaciones familiares tradicionales retrocedieron levemente.
Un dato que llama la atención en el acumulado anual es el comportamiento de los subsidios económicos: crecieron un 38,7% en términos reales, con los subsidios energéticos disparándose un 112,9% pese a la quita progresiva iniciada en enero. Los subsidios al transporte, por su parte, cayeron un 29,4%.
Las universidades nacionales se encuentran en una situación particularmente delicada. Las transferencias acumuladas entre enero y abril se redujeron un 8% interanual en términos reales y se ubican un 31,6% por debajo de los niveles de 2023, según alertó Analytica.
El motor detrás de estos recortes es la necesidad del Gobierno de sostener su política de déficit cero en un contexto de caída de ingresos. La recaudación tributaria acumuló en abril nueve meses consecutivos de crecimiento por debajo de la inflación, con una baja real del 4% interanual.
Según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los ingresos fiscales de ese mes alcanzaron los $17,4 billones. El IVA, principal sostén de la recaudación, creció apenas un 28,3% interanual, por debajo de la inflación del período, lo que refleja la contracción del consumo interno.
El componente impositivo avanzó un 30,7% y el aduanero un 21,6%, aunque este último estuvo limitado por la menor dinámica de las importaciones.
Argentina, elegible para ayuda humanitaria
En paralelo al deterioro fiscal, un índice internacional ubicó a Argentina en una categoría de riesgo que el país no había alcanzado hasta ahora. El Inform Risk Index, elaborado por una colaboración que incluye al Comité Permanente entre Agencias de la ONU y la Comisión Europea, posicionó a la Argentina en el puesto 94 entre 191 países y la clasificó por primera vez como de “riesgo medio”.
Históricamente, el país era catalogado como de riesgo “bajo” o “muy bajo”, según explicó la periodista Nora Bär en su informe para El Destape.
El índice mide tres dimensiones: amenazas y exposición (tanto naturales como derivadas de conflictos), vulnerabilidad de los individuos y hogares, y capacidad de respuesta institucional. Incorpora 80 indicadores que van desde factores socioeconómicos hasta infraestructura y sistemas de salud, y cubre 191 países.
La dimensión que más habría incidido en la recategorización argentina es la de vulnerabilidad, que contempla la desigualdad económica medida por el coeficiente de Gini, la brecha de género, la mortalidad en menores de cinco años y los niveles de corrupción, entre otros factores.
La Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea utiliza este índice para orientar la asignación de fondos humanitarios. Aunque no determina por sí solo la elegibilidad para recibir asistencia, informa las decisiones de organismos públicos que evalúan si un país requiere ayuda externa.
Países como Colombia, México y Brasil estuvieron incluidos en ediciones anteriores dentro de esta categoría de riesgo medio, lo que les permitió acceder a proyectos de cooperación internacional que Argentina no podía solicitar justamente por encontrarse en una mejor situación. Esa situación cambia con la edición más reciente del índice.
