Los trabajadores de las universidades nacionales reclaman a Javier Milei que cumpla con la Ley de Financiamiento, en una medida que incluye a instituciones de Bahía Blanca como la UNS y la UTN local. Desde SUDUNS remarcaron que hay una “preocupación compartida por la situación presupuestaria y salarial” en las casas de altos estudios.
Universidades públicas de todo el país iniciaron este lunes 16 de marzo un paro en reclamo de que el presidente Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y garantice condiciones salariales dignas para el personal docente y no docente del sistema de educación superior.
La medida, convocada por las principales federaciones gremiales del sector, tiene alcance nacional y afecta el inicio del ciclo lectivo 2026. En la Universidad de Buenos Aires, llamaron a realizar un paro por tiempo indeterminado hasta recibir respuesta del Gobierno Nacional.
En Bahía Blanca, el paro impacta en las dos principales instituciones universitarias de la ciudad. La Universidad Nacional del Sur (UNS) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), sede Bahía Blanca, confirmaron su adhesión a la medida de fuerza.
Trabajadores universitarios reclaman a Milei que cumpla la ley
Según explicó el profesor Alejandro Bucciarelli a El Ágora Digital, “en Bahía Blanca, la medida que se definió fue paro total de actividades con no inicio de clases durante el día lunes”, en el marco de la jornada nacional convocada por las federaciones docentes universitarias.
“Esto implicó la suspensión de actividades académicas docentes y no docentes, como forma de visibilizar el conflicto que atraviesa el sistema universitario”, detalló el Secretario General del Sindicato Unido Docente de la Universidad Nacional del Sur (SUDUNS) y subsecretario de Formación Profesional, Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN).
La casa de altos estudios también realizará distintas jornadas de visibilización durante la semana, que incluirán clases públicas, encuentros con estudiantes, espacios de debate y actividades abiertas dirigidas a la comunidad.
Al respecto, Bucciarelli remarcó que “la propuesta apunta también a que estos temas puedan ser abordados junto a estudiantes dentro de los propios espacios universitarios, promoviendo instancias de intercambio y socialización sobre la situación del sistema universitario y su financiamiento”, a la vez que se brindan los contenidos de las asignaturas.
“En estas actividades estamos viendo una participación muy activa del movimiento estudiantil, así como también el acompañamiento de autoridades departamentales que han comenzado a expresar resoluciones y posicionamientos frente a la situación que atraviesan las universidades”, celebró el docente, quien además agregó:
“A esto se suma además un importante apoyo de la comunidad universitaria y extrauniversitaria, que reconoce el valor estratégico que tiene la universidad pública para el desarrollo educativo, científico, tecnológico y productivo de la región y del país”.
Durante la mañana de este lunes, los diferentes espacios de representación sindical docentes, no docentes, autoridades y estudiantes de la Universidad Nacional del Sur y de la Facultad Regional Bahía Blanca de la UTN. brindaron una conferencia de prensa en la que expresaron su preocupación por la situación de las instituciones educativas.
Según detalló Bucciarelli (quien también es Secretario de Ciencia y Tecnología de la CGT Regional Bahía Blanca), se trata de “una preocupación compartida por la situación presupuestaria y salarial que atraviesan las universidades públicas“.
Asimismo, puntualizó que uno de los temas centrales de los que se habló fue el no cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Cabe recordar que a mediados de 2025 el Congreso de la Nación aprobó por amplias mayorías la Ley Nº 27.795 para dar respuesta a los reclamos presupuestarios de las casas de altos estudios. Luego, la normativa fue vetada por el presidente Milei, pero que luego ambas cámaras volvieron a ratificar.
Pese a esto, “hasta el momento no está siendo implementada por el Poder Ejecutivo“, indicó el docente. Es por eso que “universidades y actores del sistema promovieron una acción judicial en el fuero Contencioso Administrativo Federal”.
“Un juez de primera instancia dictó una medida cautelar ordenando su aplicación”, continuó, “el Gobierno Nacional apeló esa decisión y actualmente la cuestión se encuentra en revisión en la Cámara correspondiente”.
Más allá de esto, Bucciarelli subrayó que “lo que señalamos hoy es que la no aplicación de esta ley profundiza la situación crítica que atraviesa el sistema universitario”, aunque aclaró que el conflicto no se limita únicamente a la cuestión salarial, sino que “involucra el funcionamiento integral de las universidades”.
Esto incluye tanto los salarios docentes y nodocentes, como las becas estudiantiles que permiten la radicación de estudiantes de la región, funcionamiento institucional y el sostenimiento de la ciencia y la tecnología a través de proyectos de investigación que son fundamentales para el desarrollo regional y nacional.
“En ciudades como Bahía Blanca esto tiene un impacto muy directo, porque desde las universidades se generan aportes científicos, tecnológicos y profesionales que luego se traducen en desarrollo productivo, innovación y formación de recursos humanos altamente calificados”, agregó.
La situación crítica de las Universidades Nacionales
El último informe elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) junto con FEDUN, que analiza la evolución del sistema universitario y de los salarios docentes, confirma la situación crítica a la que hacen referencia desde instituciones y sindicatos.
Según indica, en enero los sueldos en las Universidades Nacionales cayeron por decimoquinto mes consecutivo, al desplomarse un 2,8% real, que se agrega al 11,0% que ya habían perdido en 2025.
Cuando se compara con noviembre de 2023, en la previa de la asunción de Milei, el deterioro asciende a un 34% real. Esto significa que el nivel salarial del sector se encuentra por debajo de los valores de 2002, habiendo declinado 44,9 puntos desde el pico de 2011.
Tras 2 años y 2 de gobierno, en el primer mes de 2026 la inflación acumuló un 269,8%, mientras que los salarios de las Universidades Nacionales se incrementaron apenas un 144,2%. Es decir que desde noviembre de 2023 acumulan un deterioro de 126 puntos.
Es por esto que lo que se reclama es un incremento del 51,4%. Sobre este punto, Bucciarelli remarcó la que “la situación salarial es crítica” y “lo que estamos reclamando no es un aumento sino una recomposición del poder adquisitivo”. Es decir, “recuperar la brecha que se generó entre la inflación acumulada y los incrementos salariales otorgados”.
“Mientras los precios continuaron aumentando mes a mes, los incrementos salariales fueron definidos de manera unilateral por el gobierno y en varios períodos incluso fueron nulos, en un contexto en el que además no se convocan paritarias libres y regulares para el sector”, agregó.
“Este proceso se da en paralelo con la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario“, continuó, “que justamente buscaba establecer mecanismos para garantizar el sostenimiento del sistema y la recomposición de salarios”.
El informe también apunta que, con el actual presupuesto, el gobierno libertario les habrá quitado a los trabajadores universitarios alrededor de 5,2 billones de pesos en 3 años. El deterioro fue de 1,4 billones durante 2024, de 1,6 billones en 2025 y se proyecta una quita de 2,1 billones de pesos durante el año en curso.
Es que el Presupuesto 2026 profundiza el ajuste en el sector universitario, generando una caída del 10% real en el presupuesto (33,5% desde 2023 y 42,3% desde 2015). El financiamiento universitario representará el 0,457% del PBI en 2026 (para poner en contexto, era del 0,718% en 2023).
La Secretaría de Educación caerá un 8,3%, tras caer un 41,7% en 2024 y un 7,8% en 2025. En el acumulado de los tres años el financiamiento del ex Ministerio de Educación se deteriora un 50,7% desde 2023.
El presupuesto de la APN para el sector científico y tecnológico también cae brutalmente, deteriorándose un 48,6% en términos reales en 2026 respecto de 2023 y alcanzando un mínimo en relación con el PBI en la serie histórica, por debajo incluso del valor de 2002 (0,177%). Tras caer un 30,2% en 2024 y un 18,0% en 2025, en 2026 se estima perderá otro 10% adicional.
Por otro lado, el CONICET perderá un 39,6% real en el acumulado de los tres años. Otros organismos como la Agencia I+D+i caen hasta un 89% de su presupuesto en términos reales desde 2023.
Los salarios también se deterioran de manera muy aguda, con descensos que alcanzan los 40,2 puntos (CIC-CPA y Becas CONICET). Los salarios en Empleo Público pierden un 31,8% desde noviembre de 2023.
La masa salarial del sistema científico caerá un 40,1% real en tres años. También se proyecta el deterioro de la inversión en becas (-26,3%), insumos (-38,7%) y bienes de capital (-62,6%). Las transferencias declinarán un 81,2% en términos reales.
Bucciarelli advirtió que “las consecuencias ya empiezan a verse dentro de las propias universidades“, ya que “cada vez más docentes y trabajadores universitarios se ven obligados a buscar otras fuentes de ingreso para sostener su economía familiar, muchas veces en actividades ajenas a su formación profesional”.
“También comienzan a registrarse renuncias en distintos claustros docentes y nodocentes”, apuntó, “lo que implica una pérdida de experiencia y capacidades acumuladas dentro del sistema”.
“Por eso insistimos en que no se trata solamente de una discusión salarial, sino de un proceso de desfinanciamiento que impacta sobre el funcionamiento de las universidades públicas, el desarrollo científico-tecnológico y la formación de profesionales que luego aportan al desarrollo productivo, social y tecnológico del país”, concluyó.
Universidades de todo el país se suman al paro
La medida se extiende a todo el país, con convocatorias de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la CONADU Histórica, que estructuraron el plan de lucha en dos tramos: el primero del 16 al 21 de marzo y el segundo del 23 al 30 del mismo mes. El Frente Sindical de las Universidades Nacionales también confirmó acciones hasta el sábado 21.
Entre las universidades que adhirieron a la huelga se encuentran la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
También se suman la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), la Universidad Nacional de Salta (UNSa), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ).
En la provincia de Buenos Aires, se plegaron, entre otras, la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), la Universidad Nacional de Luján (UNLu), la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y la Universidad Nacional del Centro (UNICEN).
También adhirieron la Universidad Nacional del Noroeste Bonaerense (UNNOBA), la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz (UNSO) y la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO).
En tanto, la UTN informó que sus 30 facultades regionales, incluida la bahiense, se suman a la huelga, al igual que el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico que depende de esa universidad. Además, la FATUN, federación que agrupa a trabajadores no docentes de 55 universidades, anunció paros semanales con proyección hasta abril.
En la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) resolvió ir más allá del paro nacional y declarar una huelga por tiempo indeterminado hasta que el Gobierno abone el aumento salarial establecido en la ley de financiamiento, que el gremio cifra en el 55,4%.
El gremio elaboró un informe que describe la situación como un mínimo histórico del salario docente: un 35,6% por debajo del nivel de noviembre de 2023 e incluso 2,7% por debajo de los registros más bajos de 2004.
Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA, sintetizó el diagnóstico: “Desde noviembre de 2023 perdimos el equivalente a 11,5 salarios. De cada tres meses trabajados, solo nos pagaron dos”. Carboni también señaló la distancia entre los aumentos otorgados y la inflación real:
“En septiembre tuvimos 4,3% de aumento, contra una inflación acumulada del 14,2% entre octubre y febrero. Cero por ciento de aumento en enero, cero por ciento de aumento en febrero, mientras sube el transporte, los alimentos y los alquileres. No podemos seguir así. Por eso impulsamos un paro por tiempo indeterminado”.
Cabe mencionar que, además, INDEC viene registrando un aumento de la inflación que ya lleva 9 meses. En lo que va del año, enero y febrero acumularon una suba del 5,8%, impulsada particularmente por las subas de alimentos. La expectativa es que la tendencia ascendente siga agravándose en los próximos meses.
Desde CONADU señalaron que cada dos meses de incumplimiento de la Ley de Financiamiento equivale a la pérdida de un salario completo y exigieron al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial una resolución urgente. El gremio también instó a los legisladores de todos los bloques a rechazar cualquier modificación de la ley vigente.
Es que el Gobierno de Javier Milei pretende aprovechar la nueva distribución de las bancas del Congreso para impulsar una ley alternativa, que contempla un aumento de apenas el 12,3% en tres cuotas hasta octubre de 2026 y elimina la cláusula de actualización automática por inflación, e ignorar la normativa que había sido aprobada.
Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, fue contundente al respecto: “Frente al aumento del 51% que debería darnos el Gobierno, un 12,3% en tres cuotas no es un mal menor. Es una cifra que volverá a perder con la inflación de este año”.
Por su parte, Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), destacó que existe un fallo judicial favorable para avanzar en la recomposición salarial, y reclamó que “lo más urgente es que el Gobierno llame a paritarias“, dado que no hay acuerdo formal desde octubre de 2024.
El CONADU también anunció nuevas semanas de paro para el 30 de marzo y el 27 de abril, y acordó de manera unánime la realización de una marcha federal universitaria para el 23 de abril, en coordinación con el Frente Sindical Universitario.
