Cancillería le otorgó un contrato por 114 millones de pesos a una asociación que dirige la esposa de Federico Sturzenegger para dar clases de inglés a los agentes de la entidad que conduce Pablo Quirno.
El Ministerio de Relaciones Exteriores que conduce Pablo Quirno otorgó un contrato por $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para capacitar en idioma inglés a su personal. La entidad está dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La adjudicación se formalizó mediante una modalidad de Contratación Directa por Especialidad, bajo el expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y el procedimiento 26-0033-CDI25.
El monto total, equivalente a unos USD 78.000 al tipo de cambio vigente, fue aprobado con IVA incluido y tiene una vigencia de nueve meses, con posibilidad de prórroga por un período similar.
El contrato contempla la capacitación de 132 agentes durante 2026, distribuidos en cinco cursos regulares (Senior 3, Senior 4, Senior 5, Senior 6 y First Certificate) para 110 participantes, además de talleres especializados para personal diplomático del ISEN en niveles B2 y C1 para 22 personas. También incluye hasta 80 tests de nivelación.
Las clases serán presenciales en la sede de AACI ubicada en Suipacha 1333, en el barrio de Retiro, entre marzo y noviembre. Cada curso tendrá dos horas y media semanales, totalizando 10 horas mensuales, mientras que los talleres especializados sumarán ocho horas mensuales.
El servicio incluye plataforma virtual de apoyo, seguimiento de asistencia, informes de progreso, certificación conforme a estándares internacionales y bibliografía 2026 de editoriales como Oxford y Cambridge.
El esquema de pagos es escalonado: se habilita un adelanto de hasta el 40% del monto total una vez perfeccionado el contrato, contra factura y contragarantía. El 60% restante se abonará en dos tramos del 30%, uno contra la presentación de resultados de exámenes intermedios y el último contra las calificaciones finales y el listado de aprobados al cierre del ciclo.
El ministerio asegura que es la única prestadora posible
Al analizar la Declaración Jurada de Intereses prevista en el Decreto 202/2017, Cancillería detectó un vínculo entre una autoridad de la entidad contratada y un miembro del gabinete nacional. La Oficina Anticorrupción emitió un dictamen que calificó la relación como “familiar (matrimonio)” entre Sturzenegger y Rouillet.
A partir de esa evaluación, el área de Compras y Contrataciones del Ministerio notificó el caso a la Oficina Anticorrupción (OA) y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y recomendó implementar un “mecanismo adicional de transparencia”.
La medida adoptada fue la suscripción de un Pacto de Integridad entre el Estado y la AACI, un acuerdo formal que obliga a las partes a no ofrecer ni aceptar beneficios indebidos y busca prevenir conflictos de interés, sobornos y prácticas irregulares en contrataciones públicas.
En la documentación oficial, el Ministerio justificó que la AACI era el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad del programa por su trayectoria y antecedentes en capacitaciones similares dentro de la cartera diplomática. Un argumento a todas luces cuestionable.
El portal COMPR.AR registra una contratación previa entre Cancillería y AACI durante 2024. Se trata de una orden de compra por $55.388.180 para un curso de capacitación, con vigencia entre el 20 de marzo y el 20 de diciembre de 2024.
A diferencia del trámite adjudicado en 2026, en esa contratación no figura publicado un Pacto de Integridad en la documentación disponible. Al momento de la consulta, la orden completa y el pliego específico tampoco estaban disponibles para descarga.
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Antecedentes de Rouillet en el Estado y una denuncia penal
Rouillet ocupa el cargo de Directora Ejecutiva de AACI al menos desde septiembre de 2020. Sin embargo, no es la primera vez que queda vinculada a contrataciones u operaciones con el Estado.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Sturzenegger presidía el Banco Central, Rouillet fue designada al frente del Fondo Nacional de las Artes, organismo que administraba subsidios y programas culturales. Su salida se produjo en medio del decreto anti-nepotismo de Macri, que obligó a familiares de funcionarios a dejar cargos dentro del Estado.
Posteriormente, Rouillet impulsó proyectos financiados a través del régimen de mecenazgo del Gobierno porteño para sostener actividades del British Art Centre, canalizando aportes privados con beneficios fiscales para proyectos culturales.
La senadora Juliana di Tullio, referente del interbloque de Unión por la Patria, anticipó que presentará una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py contra Sturzenegger y Rouillet. La legisladora considera que la contratación es “irregular” y apunta directamente al vínculo familiar como motivo de cuestionamiento.
A través de sus redes sociales, Di Tullio cuestionó con dureza el vínculo entre el ministro y la entidad adjudicataria y adelantó que impulsarán acciones formales. El caso escaló rápidamente al plano político y generó fuertes críticas desde la oposición, que señala contradicciones con el discurso oficial sobre austeridad, eficiencia estatal y combate a la corrupción.
