INDEC publicará este martes el dato de inflación correspondiente a enero en medio de cuestionamientos de trabajadores del organismo y especialistas por la decisión política de no actualizar el índice hasta que resulte favorable para el gobierno de Javier Milei.
Este martes 10 de febrero el INDEC difundirá los datos de inflación de enero, en un contexto atravesado por fuertes críticas a la intervención del ministro de Economía Luis Caputo en el organismo para impedir la actualización de la metodología de medición del IPC (Índice de Precios al Consumidor).
La decisión del Gobierno de Javier Milei de postergar el cambio hasta que los números le resulten favorables desató una crisis institucional que derivó en la renuncia de Marco Lavagna como director del instituto.
Aunque el oficialismo espera celebrar una leve desaceleración inflacionaria, un manto de escepticismo envuelve al organismo estadístico y pone en duda la confiabilidad de las cifras oficiales de lo que hasta ahora fue el principal eje del relato libertario.
Crisis institucional, protestas y una denuncia penal
La salida de Lavagna marcó el punto más alto de una tensión que venía gestándose desde que el Gobierno decidió frenar la implementación del nuevo índice y desembocó en una crisis institucional para el organismo.
Los trabajadores de ATE en el instituto realizarán este martes una radio abierta a las 15.45, exactamente quince minutos antes de que se difunda el informe oficial de inflación de enero. La protesta en la puerta del organismo busca visibilizar el reclamo por la intervención de Caputo, que consideran un daño irreparable a la credibilidad de la información pública.
La polémica no se agota con la publicación del dato de este martes: los técnicos advierten que se sostendrá con cada salida de un indicador público sensible hasta que el Ejecutivo revierta su decisión. La Sociedad Argentina de Estadística (SAE) también manifestó su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo.
“Esta decisión implica haber actuado sobre la independencia de la institución oficial encargada de producir y divulgar la información pública de acuerdo con la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública, que tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a dicha información, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”, señaló el comunicado de los técnicos y expertos.
La SAE también alertó que la medida interfiere en el calendario de difusión y desestima el esfuerzo de los profesionales que vienen trabajando desde el relevamiento de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18). “Se afecta la credibilidad, tanto en el ámbito nacional como en el internacional”, remarcaron los estadísticos.
La escalada de cuestionamientos alcanzó incluso el ámbito judicial. Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE y CTA Neuquén, presentó una denuncia penal por manipulación de datos del INDEC, argumentando que afecta directamente el acuerdo salarial de los trabajadores estatales.
La denuncia se formuló por “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de la fe pública” contra las autoridades del Ministerio de Economía y de la Presidencia de la Nación.
Para economistas, expertos y técnicos del INDEC, no se trata de una manipulación o falsificación de datos, sino de una interferencia indebida del Gobierno que pone en riesgo la credibilidad del organismo y la confianza en las estadísticas que produce.
No le dan los números: Caputo se metió en el INDEC para proteger el relato libertario sobre la inflación
La brecha inflacionaria entre las provincias y CABA
La pérdida de credibilidad del dato nacional provocó que diversos actores comenzaran a prestar mayor atención al IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que en enero marcó un 3,1%, por encima del 2,7% de diciembre.
Se trata de un indicador que pondera con mayor peso a los servicios y utiliza el esquema de ponderaciones de la encuesta nacional de gastos de hogares 2017/18,, el mismo enfoque que tenía la metodología suspendida a nivel nacional.
La inflación porteña no suele diferir significativamente del IPC nacional. En noviembre y diciembre, por ejemplo, se ubicó apenas una décima por debajo del índice del INDEC. Por eso, el registro de enero refuerza la idea de que la inflación se mantiene en torno al 3%, un número que tensiona el relato oficial de la desinflación.
El analista político Lucas Romero señaló que “por primera vez desde marzo de 2025, la inflación de la Ciudad vuelve a comenzar con 3“, y agregó que la suspensión del nuevo IPC “estuvo asociada a evitar un número similar en el dato nacional”.
No solo los bonistas que tienen papeles atados al CER son el mercado, ni los únicos que observan estadísticas. La desconfianza en el dato nacional hizo que varios comenzaran a mirar el IPC porteño con mayor atención. La Oficina de Respuesta Oficial intentó desacreditar algunas críticas, pero no pudo desmentir ningún dato de las notas periodísticas que cuestionaron la decisión.
La discusión sobre el costo de vida adquiere otra dimensión cuando se analizan los precios reales en las provincias, que superan ampliamente los valores de referencia informados por el INDEC.
Según el último dato disponible del instituto, la canasta básica alimentaria de enero se ubicó en $589.510 para una familia tipo. Ese valor, que define la línea de indigencia, es utilizado como referencia para políticas públicas, negociaciones salariales y análisis de pobreza.
Sin embargo, mediciones alternativas advierten que el gasto efectivo en alimentos y bebidas resulta sensiblemente mayor en la mayor parte del país. Así lo revela la consultora Analytica, que realiza un índice propio con productos de supermercado representativos del consumo mensual de una familia.
Los resultados de enero muestran que el changuito tuvo mayores subas en Chubut (3%), Entre Ríos (3%) y el interior de la provincia de Buenos Aires (2,9%), mientras que los menores aumentos se registraron en La Rioja (1,1%) y Catamarca (0,9%).
Aun así, incluso en las provincias con menores variaciones mensuales, los niveles de precios se mantienen muy por encima del valor de la canasta básica alimentaria oficial.
El changuito más costoso se registró en Santa Cruz, con un valor de $911.587, seguido por Chubut ($903.640), Tierra del Fuego ($891.399), Río Negro ($887.034) y Neuquén ($867.078). En el otro extremo, las compras más económicas se observaron en Misiones ($798.252), La Rioja ($807.716) y Chaco ($808.958).
Al interior de la canasta, los aumentos se concentraron en productos de consumo masivo. Se destaca la suba en el aceite de girasol, que presentó aumentos entre el 3% y 5% en la mayoría de las provincias, con excepción de Córdoba (1,9%) y Santa Cruz (2,4%).
También se registraron incrementos generalizados en hamburguesas, con subas de entre el 4% y el 7% en todas las jurisdicciones.
La Patagonia, que tiene los changuitos más costosos, coincide con ser la región con salarios más elevados. Santa Cruz presenta la canasta más cara y el segundo salario promedio más alto del sector privado registrado, detrás de Neuquén.
En esa región, el costo de la canasta representa el 15,7% de la suma de dos salarios promedio del sector privado registrado. En el NEA, donde los precios son relativamente más bajos, los salarios también se ubican en niveles inferiores, y el costo del changuito representa el 29,7% de la suma de dos salarios promedio del sector privado registrado.
La inflación en CABA se disparó a 3,1% en vísperas de que INDEC publique el dato a nivel nacional
Estimaciones privadas y la inflación de bolsillo
El ministro Caputo adelantó que la inflación de enero sería “muy similar” a la del mes anterior, aunque sin romper el piso del 2%, un umbral que el Gobierno no logra perforar desde septiembre de 2025. En diciembre, el IPC oficial había marcado una suba del 2,8%.
Las estimaciones privadas coinciden en que la inflación se ubicará nuevamente por encima del 2%. Para Equilibra, el IPC cerró en 2,2%, mientras que Analytica y Eco Go lo ubicaron en torno al 2,4%. C&T Asesores Económicos también estimó una suba de 2,4% para la región del Gran Buenos Aires y destacó que:
“Alimentos y bebidas, el rubro de mayor ponderación, fue el de mayor incremento en el mes, con un 4,1%“.
La Fundación Libertad y Progreso proyectó una inflación de 2,6% para enero, el registro más elevado entre las consultoras. Su economista Agustín Etchebarne advirtió que “aún no se ve que volvamos a la desinflación” y que una baja más marcada recién podría observarse en el segundo semestre.
Sin embargo, la brecha entre el dato promedio del IPC y lo que los argentinos perciben en su vida cotidiana responde a factores que van más allá de la medición estadística.
Mariel Fornoni, directora de Management & Fit, señaló que vienen “observando de manera consistente la brecha entre el dato promedio del IPC y la ‘inflación de bolsillo’“, que responde a tres factores: lo que el ciudadano percibe en el supermercado, los servicios y el costo financiero.
La radiografía del endeudamiento doméstico a diciembre de 2025 es reveladora: el 50,8% de quienes tomaron deuda lo hicieron por necesidad (gastos corrientes del mes o refinanciación de deudas previas).
El 53,5% utiliza la tarjeta de crédito como principal herramienta de supervivencia y el 57,7% declara haber utilizado algún préstamo (personales, virtuales, informales o hipotecarios). Las billeteras virtuales y aplicaciones de préstamos ya representan casi el 19% del financiamiento, con tasas que muchas veces superan ampliamente la variación del IPC oficial.
“La experiencia cotidiana no baja al mismo ritmo si el hogar sigue financiando gasto esencial y ‘pateando’ deuda”, añade Fornoni. Para el consumidor, el costo de vida no es solo el precio del sachet de leche, sino el interés de la tarjeta que usó para pagarlo. Ahí es donde el 2,5% que proyecta el Gobierno choca contra la percepción de una inflación que se siente de “dos dígitos”.
La inflación había perdido relevancia en la agenda de preocupaciones frente a la inseguridad y el desempleo. La analista Mora Jozami, de Casa Tres, explicó que “al inicio de la gestión tenía 27 puntos de menciones espontáneas como el principal problema; hoy está en el puesto 15, con apenas un 3%“, señaló.
“El Gobierno se ancló en la baja de la inflación para mostrar idoneidad“, comentó, “volver a poner sombras sobre cómo se mide es reavivar un trauma que ya no era el centro de la conversación cotidiana”. Además, añadió: “Hoy el 40% reconoce que los precios desaceleran, pero casi un 60% sostiene que la inflación sigue alta o no baja al ritmo esperado”.
La consultora 1816 advirtió que “cuesta imaginar que algún inversor privado vea con buenos ojos la decisión política de postergar el nuevo IPC”. El economista Alejandro Giacoia, de Econviews, sostuvo que:
“Incluso si la diferencia entre el IPC actual y el actualizado hubiera sido marginal en los primeros meses, la decisión de frenar la reforma deja una marca institucional difícil de borrar”.