Donald Trump forzó un acuerdo comercial con Venezuela para asegurarse la producción petrolera del país sudamericano y, aunque Javier Milei se deshace en elogios para el republicano, la maniobra podría complicar las inversiones en Vaca Muerta.
Después de llevar adelante una invasión militar en Caracas que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, el gobierno de Donald Trump anunció que forzó a Venezuela a un acuerdo comercial unilateral.
Según los términos divulgados por la Casa Blanca, el país sudamericano venderá petróleo a Estados Unidos y las ganancias de esas operaciones solo podrán destinarse a la compra de productos fabricados exclusivamente en territorio estadounidense. El mandatario norteamericano incluso aseguró que él mismo controlará el dinero de las transacciones.
Sin embargo, la avanzada militar estadounidense trasciende la industria petrolera venezolana y genera ondas expansivas en la región. Aunque el presidente Javier Milei se deshace en elogios para el republicano, lo cierto es que la situación podría complicar las inversiones en Vaca Muerta.
La cuenca neuquina enfrenta ahora un escenario donde la eventual reconstrucción de la infraestructura petrolera venezolana por la reactivación del comercio gracias a la flexibilización de las sanciones de Estados Unidos podría desviar capitales clave, mientras que el abaratamiento del crudo en el mercado internacional amenaza la rentabilidad de los proyectos argentinos.
El anuncio de Trump: petróleo venezolano bajo control estadounidense
El martes, Donald Trump utilizó su red social Truth para comunicar que las autoridades venezolanas entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. “Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos”.
“Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”, señaló el mandatario.
El miércoles, Trump expandió su mensaje inicial y detalló que Venezuela se convertirá en el “principal socio comercial” de Washington. Explicó que el país sudamericano realizará compras únicamente de productos estadounidenses utilizando los ingresos provenientes del acuerdo petrolero.
La lista de bienes incluye productos agrícolas, medicamentos, insumos médicos y equipamiento eléctrico destinado a rehabilitar la infraestructura energética venezolana, severamente deteriorada tras años de crisis y sanciones estadounidenses.
“En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio: una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para Estados Unidos”, celebró Trump en su plataforma digital.
Petróleos de Venezuela (PDVSA), la petrolera estatal, confirmó oficialmente las negociaciones mediante un comunicado emitido el mismo miércoles. La empresa afirmó que el proceso se desarrolla “bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron”.
Además, comentó que está basado en una “transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes“. Hasta ahora, su capacidad de exportación se veía severamente limitada, ya que Trump no solo había bloqueado las transacciones entre ambos países, sino también con cualquier otro país extranjero.
El comunicado evitó entrar en detalles sobre montos específicos, plazos o volúmenes exactos de venta, pero ratificó el compromiso de “construir alianzas que impulsen el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano y que contribuyan a la estabilidad energética global”.
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La ambición de Washington: control total de las exportaciones
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, fue más explícito sobre las intenciones de la Casa Blanca durante un evento organizado por el grupo financiero Goldman Sachs en Miami.
Wright declaró que el objetivo del gobierno es controlar “de manera indefinida” todas las exportaciones de crudo venezolano. El funcionario no descartó que Estados Unidos también busque hacerse del control total de la producción, no solamente de los buques que transportan el petróleo fuera del país sudamericano.
“Vamos a comercializar el petróleo de Venezuela, primero el almacenado de respaldo y, luego, indefinidamente. En adelante venderemos la producción de Venezuela en el mercado”, indicó Wright.
El secretario de Energía agregó que su gobierno “permitirá la importación de piezas, equipos y servicios para evitar que la industria colapse, estabilizar la producción y luego, lo más rápido posible, comenzar a verla crecer nuevamente”. Este plan requeriría miles de millones de dólares en inversiones para reactivar la capacidad extractiva venezolana.
Cabe mencionar que las declaraciones de Wright ocurrieron poco después de que Estados Unidos tomara dos buques petroleros de bandera rusa, uno en el Océano Atlántico y otro en el Caribe, intensificando la presión sobre Venezuela y sus aliados.
La movida estadounidense no solo busca asegurar el control sobre lo que Washington tradicionalmente considera su “patio trasero“, y sobre el que intensificó sus intervenciones desde la administración republicana (ya sea con advertencias durante procesos electorales, el envío de fondos para impulsar a sus candidatos o amenazas sobre mandatarios).
También funciona como una advertencia directa a China y Rusia para que no realicen inversiones ni firmen contratos en Latinoamérica. El gobierno norteamericano concibe la región como parte del “hemisferio” bajo control estadounidense y la ofensiva militar en Venezuela sirve como demostración de fuerza ante potencias rivales.
El hecho es que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del planeta, con aproximadamente 300.000 millones de barriles, lo que representa alrededor del 17% del total global. Sin embargo, su producción ha caído dramáticamente en las últimas dos décadas.
Después de alcanzar un pico de 3,5 millones de barriles diarios entre 2005 y 2007, a fines de 2025 el país producía apenas 1,1 millones de barriles por día, una reducción de casi dos tercios, en un contexto en el que le fue cada vez más difícil operar internacionalmente.
De ese volumen, Venezuela exportaba aproximadamente 800.000 barriles diarios, con la gran mayoría destinada a China (600.000 barriles diarios), mientras que apenas 150.000 barriles diarios se dirigían a Estados Unidos y una porción menor a Cuba.
La razón por la cual Estados Unidos, siendo el mayor productor mundial de petróleo gracias a la revolución del shale en los últimos 15 años, necesita el crudo venezolano tiene que ver con el tipo de petróleo. Venezuela produce crudo pesado, es decir, con mayor contenido de azufre, a diferencia del petróleo liviano que se extrae de formaciones como Vaca Muerta en Argentina.
Buena parte del parque de refinerías estadounidenses está adaptado para procesar crudo pesado y convertirlo en gasolina y otros derivados, por lo que Estados Unidos importa este tipo de petróleo no solo de Venezuela sino también de Canadá y México, lo que también explica las amenazas de Trump a ambos países.
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El impacto en Argentina: precios y competencia por inversiones
En el corto plazo, el mercado energético internacional ha interpretado que el nuevo escenario en Venezuela no implica cambios dramáticos inmediatos en la oferta y demanda global.
El precio del barril tipo Brent, que cotiza en Londres y sirve de referencia para Argentina, se mantenía alrededor de los 60 dólares antes de la invasión a Venezuela y secuestro de Maduro el sábado 3 de enero y cerró en el mismo valor el miércoles siguiente.
De manera similar, el barril WTI, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, se mantuvo entre los 56 y 58 dólares tanto antes como después de la intervención estadounidense. Sin embargo, para Vaca Muerta, el escenario que se abre es más complejo.
Daniel Dreizzen, director de Aleph Energy y ex Secretario de Planeamiento Energético, señaló que un repunte de la producción en Venezuela implicaría una mayor oferta global de crudo y una menor dependencia de Estados Unidos respecto de otras fuentes de petróleo.
En un marco donde los precios ya venían en caída por la revolución del No Convencional en Estados Unidos, esto sumaría una presión adicional a la baja. Si la operación de Estados Unidos tiene éxito, podría observarse una baja de los precios del petróleo.
“Solo si el proceso de normalización resulta exitoso y Venezuela logra recuperar volúmenes significativos de producción podría observarse una baja de los precios, aunque no sería sustancial. De hecho, un indicador de la actual dinámica del mercado es que el estallido de un conflicto en Medio Oriente hace apenas dos meses no provocó un salto en las cotizaciones del crudo”, explicó.
El impacto más directo para Argentina, según los analistas, se relaciona más bien con la reorientación de inversiones. Un fondo de inversión gestionado por Ali Moshiri, ex alto ejecutivo de Chevron, ya está buscando captar 2.000 millones de dólares para invertir en Venezuela.
Varias firmas podrían seguir ese camino si se estabiliza la situación y se comienza a ofrecer seguridad jurídica. El propio Trump declaró tras la captura de Maduro: “Vamos a hacer que nuestras grandes empresas petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares y reparen la infraestructura de petróleo”.
Dreizzen remarcó que existe un efecto potencial en términos locales: algunas compañías internacionales con carteras globales podrían reorientar inversiones hacia Venezuela en función de decisiones estratégicas que implican priorizar unos países sobre otros.
“Es un comportamiento ya observado en el sector, como en el caso de Exxon, que optó por concentrarse en Guyana y en el shale estadounidense, aunque se trata de movimientos que se definen en horizontes de mediano plazo“, explicó.
Para la industria energética argentina, el desenlace en Caracas representa un arma de doble filo. A corto plazo, la incertidumbre geopolítica y el retiro momentáneo de los barriles venezolanos podrían sostener o elevar el precio del Brent, algo positivo para las petroleras en un contexto donde el break even financiero ya roza los 60 dólares por barril.
El sector está fuertemente endeudado por obras de infraestructura y necesita un precio internacional alto para repagar los 2.000 millones de dólares en Obligaciones Negociables que colocó después de las elecciones.
Pero la luz amarilla se enciende en el mediano plazo. Si la estrategia de seguridad nacional de Trump cumple su objetivo de inundar el mercado con crudo pesado venezolano para bajar los precios, la competitividad de los proyectos argentinos entraría en zona de riesgo justo cuando el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) esté listo para despachar, a fines de 2026.
Actualmente se invierten en exploración y producción de petróleo y gas aproximadamente 14.000 millones de dólares en Argentina. Para desarrollar Vaca Muerta más rápido se necesitaría el doble, incluyendo los proyectos de gas licuado.
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El impacto de la pérdida de la “zona de paz”
Más allá de los precios del petróleo, un informe de la consultora Paspartú destaca un daño colateral estratégico que golpea la línea de flotación de los proyectos de gas natural licuado (GNL).
Hasta el domingo pasado, Argentina “vendía” su gas al mundo destacando que Sudamérica es una “zona de paz”, libre de los riesgos bélicos de Medio Oriente o los bloqueos de Europa del Este. Además del impacto del precio del petróleo, afirmaron que:
“Argentina dejaría de contar con un activo intangible a la hora de ‘vender’ su producción –principalmente en materia de GNL– y atraer inversiones, pues Sudamérica dejaría de ser una ‘región de paz’, alejada de conflictos regionales (étnicos, militares, migratorios, etc.)”.
Los offtakers (compradores de gas a largo plazo) valoran que los cargamentos argentinos no crucen chokepoints (estrechos peligrosos). Si la región entra en el radar del conflicto global, el GNL de Vaca Muerta pierde su diferencial de seguridad geopolítica, complicando el cierre de contratos a 20 años.
“Los potenciales offtakers destacan la posición de Argentina a la hora de diversificar oferentes, por su ubicación geográfica –sin estrechos que atravesar– como por su alejamiento de toda zona ‘caliente’. La pérdida de esta ventaja comparativa podría situar al GNL de Vaca Muerta en una posición menos relevante en la geopolítica”, agregó la consultora.
En la City porteña, la reacción inicial fue de cautela. Gustavo Araujo, head of research de Criteria, explicó que el mercado apostó rápidamente a la reconstrucción, con subas del 5% al 10% en acciones de empresas de servicios petroleros estadounidenses como Halliburton o Chevron, que serían las encargadas de levantar la infraestructura de PDVSA.
Los bonos soberanos venezolanos subieron más del 25%, aunque Araujo interpretó estos movimientos más como “apuestas tácticas y especulativas” que como inversiones sustentadas en fundamentos sólidos.
“El precio internacional del petróleo, sin embargo, permaneció prácticamente inalterado. Esto sugiere que el mercado ya descontaba algún tipo de desenlace político y que una recuperación significativa de la producción venezolana llevará tiempo. Reconstruir capacidad extractiva, infraestructura y capital humano es un proceso de varios años, muy lejos aún de los niveles históricos previos a la crisis”, señaló Araujo.
El analista marcó además un trasfondo que excede al barril: la disputa por los minerales críticos. “La acción estadounidense puede leerse como una señal de disputa estratégica con China en América Latina”, advirtió, apuntando al control de las tierras raras venezolanas, hoy dominadas por Beijing.
Para los países productores como Argentina, el escenario se vuelve más exigente. En GNL, la consolidación de Estados Unidos como proveedor dominante y la ampliación de la capacidad global reducen el margen para nuevos proyectos greenfield, principalmente si requieren de un Project Finance en la Decisión Final de Inversión (FID).
En petróleo, avances como el proyecto VMOS ofrecen una ventana de exportación más cercana, pero fuertemente condicionada por los precios internacionales.
La Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno de Trump no define directamente el destino de estos proyectos, pero sí configura un entorno más competitivo y politizado que limita la capacidad de maniobra de quienes buscan insertarse como nuevos exportadores en un mercado global cada vez más disputado.
