En menos de 48 horas, Luciano Príncipe —quien en unos pocos días asumiría como concejal por la Alianza La Libertad Avanza en el partido de Patagones— deberá presentarse ante la Ayudantía Fiscal de Villarino para declarar como imputado en la causa por la violenta toma del edificio de la Corporación de Fomento del Río Colorado (CORFO) ocurrida el 6 y 7 de septiembre de 2023.
La citación, fijada para el martes 26 de noviembre a las 8:30 horas, convierte a Príncipe en el primer concejal en la historia de Patagones que asumirá un cargo electivo estando formalmente imputado en una causa penal. Y no por cualquier delito: por la toma de un edificio público provincial.
Las cámaras no mienten
Todo quedó registrado. Las cámaras de seguridad de CORFO captaron con precisión cómo un grupo de personas —autodenominados “productores autoconvocados”— forzó el portón de ingreso sobre calle 5 en Pedro Luro, partido de Villarino, y violentó a golpes la puerta de la sala de reuniones para ingresar al edificio. Posteriormente, las pericias identificarían a 22 imputados.
“Se puede observar que la puerta es golpeada en varias oportunidades para ingresar”, consignó el organismo en su denuncia formal ante la Justicia.
La irrupción ocurrió la tarde del 6 de septiembre de 2023, durante la visita del gobernador bonaerense Axel Kicillof a la zona. Durante casi dos días completos, el edificio que centraliza la administración del sistema de riego de toda la región permaneció ocupado ilegalmente.
Dentro del inmueble quedaron elementos sensibles: escrituras originales de concesiones de riego, archivos históricos de CORFO, documentación de proveedores, legajos de personal, cheques de recaudación, sellos oficiales y acceso al sistema informático oficial de la Provincia de Buenos Aires.
Pero también desaparecieron cosas. Entre los faltantes hubo documentación administrativa y una computadora notebook que nunca fue recuperada y contenía información hidrológica sobre la complementariedad de la cuenca del Río Negro con el Río Colorado.
22 imputados, un concejal electo entre ellos
La jueza de Garantías N° 4 de Bahía Blanca, Marisa Gabriela Prome, ordenó el desalojo inmediato. El 25 de septiembre del mismo año se realizaron las pericias correspondientes. Y en noviembre de 2024, la Fiscalía concretó el peritaje definitivo sobre el disco que contenía las grabaciones del sistema de seguridad.
El resultado: 22 personas formalmente imputadas por “turbación en la posesión o tenencia de un inmueble”, según consta en la resolución firmada por la agente fiscal de la UFIN N°12 Departamental, Dra. Leila Scavarda.
Luciano Príncipe no es un nombre más en esa lista. Es quien tuvo mayor presencia mediática durante los días de la toma, actuando como uno de los voceros del grupo. Y su trayectoria agrega capas de complejidad al caso.
El perfil del imputado: de presidente del Consorcio a concejal libertario
Príncipe, productor agropecuario de la zona, fue presidente del Consorcio Hidráulico del Valle Bonaerense del Río Colorado entre 2014 y 2021. El Consorcio es un ente público no estatal que administra fondos de los regantes y que, estatutariamente, está bajo el control y fiscalización de CORFO.
Quien hoy está imputado por tomar violentamente las oficinas de CORFO es la misma persona que durante años estuvo al frente de una de las instituciones que CORFO tiene la obligación legal de fiscalizar. Pero hay un detalle no menor.
Pese a que no cumplía los requisitos legales, Príncipe cumplió un mandato con todo lo que esto implica: firmó balances y cheques, autorizó compras y recaudó fondos.
Su salida del Consorcio Hidráulico llegó recién en 2021, cuando intentó renovar mandato y una resolución de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires determinó que no reunía los requisitos legales para ser miembro del Consejo Consultivo de CORFO, cuyos Consejeros son asimismo los Directores del Consorcio Hidráulico.
En las elecciones provinciales del 7 de septiembre de este año, Príncipe fue electo concejal de Patagones por la Alianza La Libertad Avanza, su asunción está prevista para los próximos días, cuando se extingan los mandatos de los concejales electos en 2021.
Mientras la fecha de su indagatoria se acercaba, Príncipe optó por una llamativa estrategia comunicacional: comenzó a difundir en medios locales una resolución judicial en otra causa —completamente ajena a la toma del edificio— donde la Justicia condenó a un exempleado de CORFO por una factura apócrifa.
La maniobra parece clara: presentarse como “denunciante exitoso” de corrupción justo cuando debe responder como imputado por la ocupación ilegal de un edificio público.
Pero hay un detalle incómodo que la narrativa omite: durante los años en que Príncipe presidió el Consorcio Hidráulico, ese mismo organismo acumuló irregularidades que hoy están bajo la lupa de CORFO.
455 mil dólares sin invertir
En una resolución administrativa reciente, CORFO intimó formalmente al Consorcio Hidráulico a rendir cuentas sobre el paradero de USD $455.630 recaudados entre 2018 y 2019 bajo el nombre “Fondo de Renovación de Máquinas”, durante la gestión del mismo Príncipe.
Esos fondos —destinados específicamente a comprar maquinaria y realizar obras de impermeabilización— llevan más de seis años sin invertirse. Y desde junio de 2022 no hay constancia actualizada de que siquiera existan en las cajas de seguridad donde supuestamente están guardados.
La última verificación notarial data del 29 de junio de 2022. Desde entonces, silencio. Ni los consorcistas ni CORFO tienen información sobre esos fondos públicos.
¿Casualidad que varios de los imputados por la toma de CORFO sean, al mismo tiempo, directores del Consorcio Hidráulico? La resolución de CORFO menciona expresamente que “la falta de inversión, la ausencia de actualización documental y la práctica de atesoramiento en cajas de seguridad sin reportes periódicos constituyen incumplimientos graves”.
Declaraciones en curso
Desde el 17 de noviembre, la Ayudantía Fiscal de Villarino viene recibiendo las declaraciones de los imputados. Príncipe está citado para el martes 26 a primera hora. Tras él, declararán John Ernest Scofield, Cristian Trujillo, Sergio Ricardo Urrutia y Orestes Villalba.
La causa sigue en etapa de investigación. Una vez concluidas las indagatorias, la Fiscalía deberá evaluar si solicita la elevación a juicio oral.
Desde el punto de vista legal, no hay impedimento formal para que Príncipe jure como concejal estando imputado. La presunción de inocencia ampara a cualquier ciudadano hasta que exista sentencia firme.
Pero el precedente es inédito en Patagones: nunca antes un concejal había asumido con una causa penal abierta por atentar contra un edificio público provincial, con filmaciones que lo ubican en el lugar de los hechos y una citación formal de la Fiscalía.
La pregunta que sobrevuela es si la representación política puede ejercerse con normalidad institucional cuando pesa sobre el electo una imputación por usurpación y daños a la propiedad pública. Y si los electores de La Libertad Avanza en Patagones estaban al tanto de esta situación al momento de votar.
Príncipe declarará el martes. Hasta entonces, el caso marca un hito: el primer concejal de la historia de Patagones que asumirá su banca con el peso de una causa penal que lo señala como partícipe de la violenta toma de un organismo del Estado bonaerense.
