La oposición logró aprobar en la Cámara de Diputados la propuesta para evitar que Javier Milei pueda gobernar abusando del uso de decretos, pero los aliados de La Libertad Avanza forzaron cambios en el articulado, por lo que el proyecto deberá retornar al Senado para ser sancionado.
La Cámara de Diputados logró aprobar este miércoles la reforma a la Ley 26.122 que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia, en un intento de la oposición por limitar la capacidad del presidente Javier Milei de gobernar mediante este mecanismo.
Sin embargo, los cambios introducidos durante la votación en particular le dieron un respiro al oficialismo, ya que el proyecto deberá regresar al Senado para ser nuevamente tratado antes de convertirse en ley. El texto fue aprobado en general con 140 votos afirmativos, 80 negativos y 17 abstenciones, luego de cinco horas de debate parlamentario.
No obstante, cuando se votó en particular el artículo 3, que establece el plazo para tratar los decretos, la oposición no alcanzó la mayoría absoluta de 129 votos necesaria, obteniendo solo 127 voluntades a favor. Esta diferencia de apenas dos votos obligó a que la iniciativa deva volver a ser votada en la Cámara alta.
El apoyo clave del radicalismo y los gobernadores
El oficialismo evitó otra derrota legislativa gracias a la colaboración de sectores del radicalismo y diputados que responden a gobernadores de Provincias Unidas. La maniobra, atribuida a Martín Menem y Santiago Caputo, permitió introducir una modificación en el articulado que fuerza el regreso del proyecto al Senado.
En la votación en general, el bloque de Unión por la Patria aportó 95 de sus 98 legisladores, mientras que Encuentro Federal contribuyó con 12 de 15 votos, Democracia para Siempre con 9, la Coalición Cívica con 6, el Frente de Izquierda con 5, y los exlibertarios de Coherencia con 4.
Del radicalismo votaron a favor solo cuatro diputados: Karina Banfi, Julio Cobos, Fabio Quetglas y Roberto Sánchez. También acompañaron tres legisladores del PRO: la correntina Sofía Brambilla, el cordobés Héctor Baldassi y el porteño Álvaro González, además de los dos integrantes del MID.
Los 80 votos negativos provinieron principalmente de 35 legisladores de La Libertad Avanza (con las ausencias de Celeste Ponce y José Luis Espert), 29 del PRO, 6 de Liga del Interior, y los dos radicales mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay, entre otros.
Las 17 abstenciones resultaron decisivas para la estrategia oficialista. Entre quienes se abstuvieron en la votación en general figuraron ocho radicales, incluidos Rodrigo De Loredo, Martín Tetaz, Carla Carrizo y Atilio Benedetti.
También se abstuvieron los cuatro misioneros de Innovación Federal, los chubutenses Jorge Ávila y Ana Clara Romero (que responden al gobernador Ignacio Torres), la santafesina Melina Giorgi (vinculada a Maximiliano Pullaro), Mario Barletta y Ricardo López Murphy.
¿De qué se trata el proyecto para modificar la Ley de DNU?
El proyecto aprobado establece que los DNU deberán versar sobre una única materia para ser tratados individualmente. Esta modificación apunta directamente contra lo ocurrido con el DNU 70/2023, que modificó y derogó más de 300 leyes bajo el propósito de desregular la economía argentina.
Otro cambio habilita a ambas cámaras a abocarse incluso durante el receso parlamentario al tratamiento inmediato de futuros decretos. Si bien la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo ya puede reunirse entre el 1° de diciembre y el 28/29 de febrero, esta modificación autoriza a abrir los recintos una vez transcurridos diez días hábiles desde el ingreso del DNU.
El artículo que generó mayor preocupación en el oficialismo establece que los decretos se considerarán aprobados cuando ambas Cámaras se expresen por mayoría absoluta de los presentes en un plazo de 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial. Actualmente el gobierno solo necesita la aprobación de una Cámara.
Finalmente, la reforma propone que el rechazo de una de las dos Cámaras signifique la derogación total del decreto, quedando imposibilitado el Ejecutivo de dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario. En caso de no ser tratados en el plazo de 90 días por alguna de las dos Cámaras, el decreto se caería.
Cuando se votó en particular el artículo 3, que establece que los decretos “se considerarán aprobados cuando así lo dispongan expresamente ambas Cámaras por la mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de 90 días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial”, el tablero mostró algunos movimientos curiosos en favor de La Libertad Avanza.
Pasaron de afirmativo en general a negativo en el artículo 3: Héctor Baldassi (PRO), Carlos D’Alessandro (Coherencia), Eduardo Falcone (MID), Álvaro González (PRO), Gerardo González (Coherencia) y Oscar Zago (MID).
De afirmativo a abstención cambiaron Karina Banfi (UCR), Victoria Borrego (CC), Marcela Campagnoli (CC), Juan Manuel López (CC) y Fabio Quetglas (UCR). Desde la abstención en general a negativo en el artículo 3 pasaron Jorge Ávila (EF), Sofía Brambilla (PRO), Melina Giorgi (DpS) y Ana Clara Romero (PRO).
Estos cambios de postura, sumados a algunas ausencias, resultaron suficientes para que el artículo no alcanzara la mayoría absoluta requerida. La oposición quedó a apenas dos votos de lograr la sanción definitiva.
“No es el instrumento, es cómo se han usado”
Durante las cinco horas de debate, la diputada de Unión por la Patria Mónica Litza aseguró que la reforma “no es quitarle las facultades al presidente Milei de dictar decretos de necesidad y urgencia como estuvieron diciendo victimizándose”, y recordó que “tuvieron demasiada ayuda, dadores voluntarios de gobernabilidad no les faltaron” en el Congreso.
La legisladora destacó que desde la introducción de esta herramienta en la Constitución de 1994 hasta la Ley 26.122 que los reglamentó “pasaron 12 años”, y apuntó que Cristina Fernández de Kirchner como senadora fue su impulsora y, más tarde, como presidenta, “fue quien menos uso hizo de DNU”. “No es el instrumento, es cómo se han usado”, completó.
El jefe de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, recordó su participación en el debate de la Ley 26.122 en 2006 y contextualizó: “Había ocurrido recientemente el 2001 y había que darle instrumentos de gobernabilidad a un gobierno que había surgido del 22% de los votos de la primera vuelta”.
Sin embargo, señaló que “cada uno de los gobiernos ha utilizado este instrumento en exceso” y afirmó que “este modelo de DNU está agotado, es imprescindible volver a recuperar el marco de debate institucional en el Congreso”.
Por su parte, el legislador de Democracia para Siempre Fernando Carbajal expresó que “no somos enemigos de los DNU” pero “todos los presidentes de todos los signos políticos han abusado de manera consciente de esta herramienta”. El formoseño insistió en que la modificación busca “un punto de solución hacia el futuro” y “no es contra el presidente Milei”.
Pablo Juliano, presidente del bloque de Democracia para Siempre, destacó que “pocas veces el Congreso tiene la oportunidad de retomar un debate que tiene su epicentro con la reforma de la Constitución Nacional” y consideró que “es este el mejor Congreso para debatir esta ley porque fue el primero que rechazó un decreto“.
En representación de Encuentro Federal, Nicolás Massot manifestó que “esto ha nacido mal, es inédito que el peronismo quiera tratar esto y la verdad que este el Gobierno que en vez de utilizar los DNU para acelerar el proceso parlamentario, los utiliza, en conjunción con los vetos y con la prórroga del Presupuesto, para bloquear el trabajo del Congreso”.
