El Gobierno de Javier Milei incluyó en el Presupuesto 2026 un apartado con el que busca eliminar descuentos de gas para zonas frías a más de 3 millones de hogares incluidos en la ampliación de 2021, entre los que se encuentran Bahía Blanca y varios municipios bonaerenses.
El Gobierno de Javier Milei pretende eliminar la ampliación de los subsidios de gas para zonas frías que beneficia actualmente a más de 3 millones de hogares en el país (ubicados en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza). Así lo admitió en su proyecto de Presupuesto 2026, que deberá ser discutido por el Congreso Nacional.
Entre los perjudicados estarán los habitantes de Bahía Blanca, quienes ya sufrieron una reducción del fondo de asistencia por las inundaciones de marzo pasado por parte del gobierno libertario. Esta nueva medida representaría otro golpe para el municipio bonaerense y también afecta a otros 90 distritos de la provincia que se benefician del régimen ampliado.
Puntualmente, el artículo 72 del proyecto de ley establece de manera escueta: “Deróganse los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley Nº 27.637”. Esta normativa fue la que amplió el régimen de zonas frías en junio de 2021 durante la gestión de Alberto Fernández.
La medida implica que el descuento del 30% al 50% en las facturas de gas que reciben actualmente 4 millones de usuarios quedaría restringido únicamente a la región patagónica, la Puna y el departamento Malargüe de Mendoza, tal como funcionaba el régimen original sancionado en 2002.
Este no es el primer intento del gobierno libertario de eliminar este beneficio. En 2024, la administración de Milei había intentado sacar el subsidio a través del proyecto original de la Ley Bases, pero la falta de respaldo político en el Congreso hizo que el oficialismo desistiera de su pretensión.
El esquema actual otorga un descuento del 30% en la factura final para todos los beneficiarios, sin considerar variables socioeconómicas como los ingresos mensuales familiares. Sí contempla un descuento de hasta el 50% para jubilados, receptores de Asignación Universal por Hijo (AUH), pensiones, asignaciones por embarazo y electrodependientes.
Sea como fuere, la iniciativa forma parte de los recortes que reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI), que había solicitado “eficientizar” el gasto social y reducir la cuenta de subsidios a la energía a cambio de seguir sosteniendo el programa económico de La Libertad Avanza.
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¿Cómo funciona el régimen de Zona Fría?
El sistema de Zona Fría nació en 2002 con la Ley 25.565, conocida como Fondo Patagónico, que contemplaba originalmente a 850.000 usuarios en 79 departamentos de 10 provincias. La intención era compensar con descuentos el consumo de gas de usuarios en zonas de bajas temperaturas, incluso con un sentido geopolítico para incentivar la residencia en el sur del país.
La ampliación de 2021 modificó el alcance del programa. La sanción de la Ley 27.637 permitió el ingreso de 3,1 millones de usuarios adicionales al régimen. El programa pasó a cubrir 250 departamentos en 14 provincias y a beneficiar a más de 4 millones de usuarios.
Esto incluyó a las provincias de Buenos Aires (beneficiando a ciudades como Bahía Blanca y Mar del Plata, aunque omitiendo a los residentes del AMBA), Córdoba, Santa Fe (ciudades como Rosario) y Mendoza (en su caso, se amplió la cantidad de municipios adheridos).
A diferencia de otros subsidios, el régimen de Zona Fría no es financiado por aportes del Tesoro Nacional. El sistema se sostiene mediante un recargo del 6,8% que pagan los usuarios de gas natural del país que no reciben el descuento. Este recargo se aplica sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
Los fondos recaudados van al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, desde donde se reintegra a las distribuidoras que realizaron el descuento a los usuarios. Sin embargo, con la ampliación de 2021, el recargo comenzó a no ser suficiente para financiar el esquema y se necesitaron aportes del Tesoro.
Para evitar intervenir con fondos propios (siempre con la excusa de mantener el superávit), el Ministro de Economía Luis Caputo decidió que era mejor idea aumentar el impuesto a los usuarios. Así, en 2025 llegó a aumentar el recargo en 5 oportunidades: En enero era de 5,4% y actualmente es de 6,8%.
Además, de aprobarse sin cambios el Presupuesto 2026, el artículo 70 también le permite ampliar el impuesto hasta un 7,5% del precio del gas, y el Poder Ejecutivo Nacional podrá subir o bajar ese recargo hasta un 50%.
Lo llamativo es que con esta modificación es probable que el fondo fiduciario registre excedentes, ya que solo deberá cubrir los subsidios para aproximadamente un millón de hogares, dejando fuera a más de tres millones de beneficiarios.
Sin embargo, el gobierno no propone reducir el recargo a los hogares del resto del país y deja a criterio de la Secretaría de Energía la utilización de los fondos sobrantes de la forma que crea conveniente. Es decir, arbitrariamente.
