El Gobierno de Javier Milei oficializó por decreto el nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina, que habilita a la fuerza a realizar labores de inteligencia y amplía sus facultades, permitiéndoles realizar tareas de ciberpatrullaje y requisar sin orden judicial, entre otros puntos.
A través del decreto 383/2025, el Gobierno de Javier Milei oficializó el nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA), que comenzará a regir en la misma semana en la que fue convocada la marcha de respaldo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el fallo proscriptivo de la Corte Suprema de Justicia.
Si bien el texto asegura que la reforma “forma parte del Sistema de Seguridad Interior, que tiene por fin resguardar la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes“, lo cierto es que amplia los alcances de las Fuerzas de Seguridad, al punto de habilitarlas a realizar requisas a manifestantes e investigar las redes sociales de los ciudadanos sin orden judicial, entre otros.
¿Qué dice el decreto 383/2025?
El decreto lleva las firmas de Bullrich, el Presidente Javier Milei y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Puntualmente, oficializa la puesta en práctica del nuevo estatuto y actualiza “las facultades y estructura organizativa de la Fuerza para cumplir con su nueva visión y misión”.
En este contexto, llama a “priorizar y reasignar recursos conforme a las nuevas necesidades” y “fortalecer el sistema de recursos humanos con el fin de contar con personal competente, motivado y altamente capacitado”.
También establece la necesidad de “modernizar protocolos, procesos y mecanismos de articulación, en particular los referentes a investigación”, “adquirir y utilizar en forma efectiva las Tecnologías de la Información y Comunicación y Tecnología Forense“, y “fortalecer la gobernanza y liderazgo de la Fuerza“.
En este contexto, establece la creación de un programa presupuestario para “la compra de bienes de uso, la adquisición o el desarrollo de soluciones tecnológicas, la realización de estudios y el rediseño de procesos para la modernización” de las fuerzas.
Las modificaciones serán presentadas por el propio Milei en la sede del Cuerpo de Policía Montada (en el barrio porteño de Palermo) durante la tarde de este martes y junto a la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. También estarán presentes las máximas autoridades de la fuerza.
¿Cuáles serán las nuevas funciones de la PFA?
En principio, el nuevo estatuto se propone darle un carácter más investigativo a las Fuerzas de Seguridad, de modo que colaboren con requerimientos tanto del Estado Nacional como del Poder Judicial, al tiempo que se presentan las modificaciones como una “modernización” inspirada en el FBI estadounidense.
La PFA podrá “efectuar tareas de inteligencia criminal” y tendrá acceso a “información y bases de datos públicas con el fin de llevar adelante, de manera justificada, tareas de investigación o de inteligencia criminal”. Además, podrá “solicitar el acceso a bases privadas”, aunque deberá cumplir con la normativa de protección de datos personales.
Esta disposición abre la puerta a un monitoreo más amplio de ciudadanos, incluso en entornos digitales. El decreto autoriza a la policía a “realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas”.
Por otro lado, se habilita a detener personas “si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiese”. La detención no podrá exceder las 10 horas.
En cuanto a las requisas, el decreto establece que podrán realizarse sin orden judicial en casos donde existan “circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito”, o cuando “no fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas”.
Otro aspecto alarmante es la facultad de “registrar y calificar a las personas dedicadas habitualmente a una actividad que la policía debe reprimir“, cuya redacción da a entender la habilitación para actuar en este sentido durante marchas y movilizaciones.
El decreto también refuerza la estructura interna de la PFA, estableciendo que su jefatura solo podrá ser ejercida por un oficial superior de la máxima jerarquía, ya sea en actividad o retiro. Solo “excepcionalmente” se contempla que un civil pueda asumir el cargo, lo que avanza en un modelo de autogobierno dentro de la fuerza.
